El cierre fiscal preliminar de 2025 dejó al descubierto un escenario más complejo del anticipado por el Ejecutivo. El déficit fiscal alcanzó el 2,8% del PIB, equivalente a cerca de $9,5 billones, superando ampliamente la estimación oficial del 2,0% informada meses atrás en el Informe de Finanzas Públicas.
La desviación se explica principalmente por una significativa caída en la recaudación tributaria, especialmente en los aportes de grandes empresas no mineras, lo que evidenció errores de cálculo en las proyecciones de ingresos y una fragilidad en la base fiscal del país.
El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, junto a la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, reconocieron el desajuste y anunciaron medidas correctivas para enfrentar el deterioro de las cuentas públicas.
COLAPSO DE LOS INGRESOS TRIBUTARIOS Y ERROR EN LAS PROYECCIONES
Según los antecedentes entregados por Hacienda, mientras los ingresos entre enero y septiembre crecieron un 6,4%, en el último trimestre del año se produjo una caída de 3,8% respecto a lo estimado.
Uno de los factores más relevantes fue la baja del impuesto de primera categoría, que retrocedió 0,4 puntos del PIB. A esto se suma que la recaudación de once grandes empresas no mineras se desplomó en un 31,7% entre agosto y diciembre, en comparación con el mismo período del año anterior.
También incidieron negativamente la apreciación del tipo de cambio y la reducción de impuestos pagados por contribuyentes no residentes.
Pese a que el gasto ejecutado fue menor al comprometido en el Presupuesto 2025, el retroceso en los ingresos fue suficiente para provocar un déficit mayor al esperado, lo que deja en evidencia una planificación fiscal que no logró anticipar la magnitud de la desaceleración tributaria.
RECORTE PRESUPUESTARIO Y COMISIÓN PARA EXPLICAR EL FRACASO RECAUDATORIO
Ante este escenario, el Ejecutivo decretó un recorte de gasto por $800 mil millones, una medida que busca contener el impacto del déficit y traspasar un escenario fiscal menos deteriorado al próximo gobierno.
Además, se anunció la creación de una comisión de expertos para analizar la caída en la recaudación del impuesto a la renta no minera, con especial foco en los grandes contribuyentes.
Sin embargo, la decisión de postergar las definiciones para la siguiente administración ha generado cuestionamientos, ya que no se entregaron explicaciones claras sobre por qué las proyecciones oficiales fallaron ni sobre las responsabilidades políticas y técnicas en este desajuste.
El balance fiscal de 2025 no solo refleja un déficit mayor al previsto, sino que instala dudas sobre la capacidad del Gobierno para anticipar el comportamiento real de los ingresos públicos, obligando a aplicar recortes de última hora y a dejar en manos del próximo Ejecutivo la tarea de corregir un problema estructural que hoy vuelve a tensionar las finanzas del Estado.
