El Gobierno decidió poner urgencia legislativa al proyecto conocido como “Ley Alberto”, una iniciativa que lleva más de un año detenida en el Congreso y que exige la aplicación de test de drogas obligatorios cada seis meses a conductores de transporte público y privado. La medida surge nuevamente a la palestra luego de la muerte de una joven universitaria en Valparaíso, atropellada por un conductor que manejaba bajo los efectos de cocaína y marihuana.
La diputada Carolina Marzán (PPD), impulsora del proyecto, confirmó que tomó contacto con el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, quien le informó que el Ejecutivo decidió activar la urgencia para avanzar en la tramitación. Según la parlamentaria, “este trágico caso demuestra la necesidad urgente de elevar los estándares de seguridad en el transporte”.
El proyecto establece que todas las empresas de transporte, tanto públicas como privadas, deberán realizar test de detección de drogas de forma semestral a sus choferes, con costos asumidos por las propias empresas. Asimismo, deberán mantener un registro actualizado de los exámenes y reportarlo a la autoridad fiscalizadora.
Las sanciones por incumplimiento incluyen multas y, en casos de reincidencia, la revocación de la autorización para operar servicios de transporte de pasajeros.
Marzán recordó que la iniciativa surgió tras la muerte de Mauro Alberto Gómez, un niño de 14 años atropellado por un conductor que también dio positivo a cocaína. “Presentamos este proyecto en mayo de 2024 precisamente para evitar tragedias como esta. Hoy necesitamos que avance sin excusas”, señaló.
La parlamentaria llamó a acelerar la tramitación, subrayando que el Estado debe hacer lo imposible para prevenir más muertes vinculadas al consumo de drogas en el transporte público y privado.
