El Ejecutivo activó la discusión inmediata para que el proyecto de Ley de Eutanasia se vote en solo seis días, en medio de fuertes tensiones políticas y a diez días de la segunda vuelta presidencial. Mientras La Moneda defiende que se trata de un compromiso priorizado desde 2024, la oposición acusa un uso electoral del debate y advierte que la urgencia retrasará otras reformas clave en salud.
La tarde de ayer jueves, en una sala del Senado que parecía avanzar en piloto automático entre oficios y comisiones, cayó una bomba legislativa: el Gobierno activó discusión inmediata para la Ley de Eutanasia.
En palabras simples: el Congreso tiene seis días exactos para despachar uno de los proyectos más sensibles —y más demorados— de la historia reciente, justo cuando faltan 10 días para la segunda vuelta presidencial.
El anuncio, que corrió como un chispazo por los pasillos, abrió una grieta instantánea entre oficialismo y oposición. Lo que para La Moneda es el cumplimiento de una promesa prioritaria, para la derecha es una jugada electoral “desesperada”. Lo cierto es que el movimiento reactivó un debate que estuvo catorce años atrapado en carpetas legislativas y que, pese a múltiples urgencias anteriores, nunca logró avanzar más allá de una aprobación general en comisión.
Ayer, esa quietud se rompió.
Un proyecto que resucita justo cuando el país se divide en dos candidaturas
El clima ya venía cargado desde el debate radial de la Archi, donde los presidenciables José Antonio Kast y Jeannette Jara marcaron diferencias tajantes:
- Kast prometió vetar la Ley de Eutanasia “como señal política al Congreso”.
- Jara replicó que ella la promulgaría sin titubeos.
Con el país pendiente de esa disputa, el Gobierno decidió activar la urgencia más alta disponible. La medida obliga al Senado a abrir la discusión, votarla y despacharla en menos de una semana legislativa.
Para el presidente de la Comisión de Salud, Iván Flores (DC), la señal es clara pero problemática:
“Hay que priorizar con responsabilidad. Tenemos proyectos que el propio Gobierno ha dejado esperando —indicaciones atrasadas, urgencias incumplidas— y hoy aparece esta máxima urgencia cuando hay mucho más en fila”.
Y no es el único que lo piensa.
La oposición habla de cálculo político y acusa: “Están trabajando para su barra brava”
El senador Sergio Gahona (UDI) fue el primero en disparar: “El Gobierno está usando la eutanasia para mover la aguja electoral. Y mientras tanto quedan postergadas las prioridades reales: Fonasa, salud mental, licencias médicas, la reforma a las isapres…”.
A su juicio, con esta urgencia “no avanzará nada más hasta marzo”.
El diagnóstico se repitió en distintos tonos dentro de Chile Vamos y Republicanos. El senador Francisco Chahuán (RN) advirtió que el Ejecutivo “instala un tema divisivo a propósito”, mientras que desde la Cámara el diputado Luis Sánchez (Republicanos) reclamó que el Gobierno “prefiere debates simbólicos antes que enfrentar la delincuencia, las fronteras o el crimen organizado”.
El concepto que más circuló en la derecha fue uno: electoralismo.
Elizalde defiende el acelerador a fondo: “Esto ha sido prioridad todo el año”
El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, respondió que no se trata de ningún gesto electoral, sino del cumplimiento de un compromiso asumido públicamente: “La urgencia es la continuidad de urgencias anteriores. A fines del año pasado establecimos que este proyecto sería prioridad para 2025. Estamos cumpliendo”.
Elizalde subrayó que buena parte de los países desarrollados ya cuentan con legislación sobre eutanasia y que Chile lleva más de una década discutiendo sin resolver. “Ponemos al centro a las personas y su sufrimiento —explicó—, y establecemos requisitos estrictos para decisiones conscientes y libres de terceros”.
La urgencia se enmarca en la lista de proyectos que La Moneda quiere cerrar durante las seis semanas legislativas disponibles: el FES, la Sala Cuna Universal, la Ley de Seguridad Municipal y ahora, de manera ineludible, la eutanasia.
Un proyecto con 14 años de historia: lento, trabado y lleno de posturas irreconciliables
Pese a la magnitud del debate público, el proyecto actual es el resultado de múltiples mociones refundidas, varias de ellas ingresadas durante gobiernos anteriores. La propuesta lleva cuatro años y medio en el Senado en segundo trámite, aprobada solo en general. Falta discutir artículo por artículo, lo que podría extenderse si no hay acuerdo político.
El senador socialista Juan Luis Castro pidió avanzar de una vez: “Después de tanto tiempo, debemos permitir en Chile la muerte digna. Nadie puede negar que en enfermedades terminales e incurables la libertad de decidir es fundamental”.
No todos comparten esa lectura, pero el tiempo corre.
¿Habrá votación antes de la segunda vuelta? El Senado duda
Aunque la urgencia obliga a resolver en seis días, varios parlamentarios sospechan que el debate quedará estratégicamente congelado hasta después del balotaje.
Iván Flores (DC) deslizó esa tesis sin ambigüedades: “Siento que van a esperar. Este proyecto cruza líneas morales, filosóficas, religiosas. Es comprensible que algunos quieran evitar costos o ganancias políticas antes del 15 de diciembre”.
Mientras tanto, desde el oficialismo un sector sostiene que la discusión no debería detenerse por cálculos electorales, ya que el país “espera esta ley desde hace demasiado tiempo”.
Chile entra a una cuenta regresiva donde convergen ética, política y campaña
La Ley de Eutanasia vuelve al centro del escenario en el momento más electrizado del calendario político.
Los próximos seis días podrían definir si Chile se suma al grupo de países que permiten morir sin sufrimiento bajo estrictos requisitos… o si el tema vuelve a dormirse en el Congreso, esta vez con la presión de una campaña presidencial que lo ha convertido en bandera, trinchera y arma retórica.
Lo único seguro es que el país está mirando.
Y que cada paso —en la sala, en las campañas y en las declaraciones— tendrá consecuencias que van más allá de una elección y tocan uno de los debates más profundos sobre la vida y la muerte en democracia.
