Con una amplia mayoría de 41 votos, la Cámara Alta despachó a ley la reforma constitucional que traspasa la institución del Ministerio de Justicia al de Seguridad Pública. La medida implica la disolución de sus asociaciones gremiales y un nuevo régimen de disciplina estricta bajo el mando civil.
En una jornada marcada por el sentido de urgencia y una contundente votación, el Senado despachó este miércoles la reforma constitucional que incorpora a Gendarmería de Chile dentro de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública. La iniciativa, que contó con 41 votos a favor, redefine el rol de la institución penitenciaria, equiparándola jurídicamente a Carabineros y la PDI.
El cambio más significativo radica en la dependencia institucional: Gendarmería dejará de estar bajo la tutela del Ministerio de Justicia para pasar a formar parte del Ministerio de Seguridad Pública. Este traspaso busca consolidar una estrategia de seguridad integrada que abarque no solo la prevención y la investigación, sino también el control efectivo del sistema carcelario.
El fin de la sindicalización y la reserva de constitucionalidad
Uno de los puntos más polémicos de la jornada fue la limitación de derechos fundamentales para el personal. Al integrarse a las Fuerzas de Orden, los funcionarios de Gendarmería pierden el derecho a asociarse gremialmente. La reforma establece explícitamente que, a contar de su publicación, las asociaciones vigentes quedarán disueltas y liquidadas.
Esta disposición motivó al senador independiente Karim Bianchi a realizar una reserva de constitucionalidad, argumentando que se afecta el derecho de asociación de los trabajadores. Sin embargo, el Ministro de Justicia, Fernando Rabat, defendió la medida señalando que es necesaria para asegurar la «neutralidad política, disciplina y sujeción estricta al poder civil».
Debate por el personal civil y reinserción
Durante la votación de indicaciones, senadoras como Claudia Pascual (PC) y Alejandra Sepúlveda (FRVS) intentaron resguardar el derecho a asociación de los funcionarios no uniformados (civiles) hasta la creación del nuevo Servicio de Reinserción Social.
No obstante, el Ejecutivo y parlamentarios como Andrés Longton (RN) rechazaron esta posibilidad, argumentando que mantener asociaciones para un sector de la institución crearía una «infracción al principio de igualdad ante la ley» y generaría privilegios injustificados respecto a otros escalafones de las fuerzas de seguridad. Finalmente, las mociones de protección gremial fueron rechazadas por la sala.
Nuevas inhabilidades y jerarquía
La ley también regula la figura del Director Nacional de Gendarmería, estableciendo una jerarquía clara frente a las otras autoridades de las Fuerzas de Orden y fijando una inhabilidad inmediata para que el titular del cargo pueda postularse como candidato a diputado o senador.
Pese a los intentos por introducir normas que resguardaran los derechos adquiridos de los funcionarios traspasados, el Gobierno solicitó su rechazo por tratarse de materias de iniciativa exclusiva del Presidente de la República. Con este despacho, el proyecto queda listo para ser promulgado por el Ejecutivo, marcando el inicio de una nueva era para el sistema penitenciario chileno.
