La Contraloría General de la República (CGR) dio a conocer los resultados de una auditoría que evidenció debilidades relevantes en la gestión de incendios forestales por parte de la Corporación Nacional Forestal (CONAF) en la Región de La Araucanía, específicamente durante los siniestros registrados en Lonquimay en 2024 y Traiguén en 2025.
La revisión tuvo como objetivo evaluar la actuación del organismo estatal frente a emergencias de alto impacto ambiental y social, detectando deficiencias en la aplicación de protocolos, ausencia de registros clave y omisiones en la consideración de alertas meteorológicas y preventivas.
En el caso del incendio denominado “Providencia”, ocurrido en 2025 en la comuna de Traiguén, la Contraloría estableció que el fuego se originó tras una quema controlada autorizada por CONAF, la cual no fue debidamente extinguida y terminó afectando una superficie de 3.064 hectáreas.
El informe concluyó que la autorización se otorgó sin incorporar alertas tempranas emitidas por SENAPRED ni los pronósticos de la Dirección Meteorológica de Chile, que advertían condiciones altamente favorables para la propagación del fuego, como altas temperaturas, baja humedad y vientos intensos.
Ante estos antecedentes, la CGR anunció la instrucción de un sumario administrativo para determinar eventuales responsabilidades de funcionarios involucrados, además de remitir los antecedentes al Ministerio Público.
Asimismo, ordenó a CONAF revisar y fortalecer los criterios para la autorización de quemas, incorporando mecanismos formales de verificación de alertas y condiciones climáticas.
La auditoría también constató que, pese a contar con antecedentes técnicos sobre el origen del incendio, CONAF no efectuó la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público, incumpliendo su deber legal, situación que —según la Contraloría— afecta la trazabilidad y eficacia de la persecución penal en delitos asociados a incendios forestales.
Respecto al incendio ocurrido en Lonquimay en 2024, que consumió 805,85 hectáreas de bosque nativo y requirió 129 días de combate, el organismo fiscalizador advirtió que no se implementó plenamente el módulo de “Costeo de incendios y valorización de pérdidas” del sistema SIDCO, obligando a realizar estimaciones de manera manual. Esta situación impidió contar con información estandarizada y oportuna sobre los costos reales del siniestro.
Además, se detectó la falta de registro del Comandante de Incidente en la mayoría de las fichas analizadas, incluyendo casos con información incompleta o totalmente omitida, lo que llevó a la CGR a instruir a CONAF la adopción de medidas correctivas y protocolos de interoperabilidad con otros organismos.
Finalmente, la Contraloría exigió a la corporación establecer un procedimiento formal y obligatorio para la remisión directa de informes técnicos al Ministerio Público cuando existan indicios de conductas negligentes en incendios de gran magnitud, debiendo informar los avances a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo al Cumplimiento de la CGR dentro de un plazo de 60 días hábiles.
