Este 30 de noviembre, Gendarmería de Chile conmemora el Día Nacional de la institución, una fecha establecida por la Ley N° 21.030 para reconocer la labor de los funcionarios encargados de la custodia, atención y reinserción social de personas privadas de libertad. La fecha coincide, además, con el aniversario de la creación del Cuerpo de Gendarmería de Prisiones en 1911, hito fundacional de la institución penitenciaria actual. La institución cumple 114 años de existencia este 2025.
La conmemoración ocurre en un año particularmente complejo para Gendarmería, marcado tanto por avances en gestión y reinserción, como por hechos que han expuesto fragilidades operativas y estructurales. En la región de Tarapacá, la desarticulación de una red criminal protagonizada por funcionarios penitenciarios remeció a la institución y puso en primera línea los desafíos de control interno, mientras que a nivel nacional la fuga de un reo de alta peligrosidad en Colina II abrió nuevamente el debate sobre los protocolos de seguridad.
RED DE NARCOTRÁFICO EN TARAPACÁ: IMPACTO Y BALANCE INSTITUCIONAL
La región de Tarapacá concentró una de las polémicas más relevantes del año tras la detención de 12 gendarmes y varios civiles involucrados en una red de narcotráfico que operaba desde el Complejo Penitenciario de Alto Hospicio. El operativo —denominado “Operación FIS” o “Margen Rojo”— fue llevado a cabo por la Fiscalía, la PDI y la propia Gendarmería, revelando vínculos con bandas criminales y el rol de un interno de alta peligrosidad como articulador.
A pesar del duro golpe reputacional, las autoridades destacaron el procedimiento como una señal positiva en la lucha contra la corrupción, al demostrar que la institución es capaz de investigar y depurar sus propias filas. La operación expuso fallas estructurales y de control, pero también reforzó la necesidad de robustecer los equipos especializados, mejorar la supervisión interna y elevar los estándares de seguridad en recintos con alta presencia de crimen organizado.
Este caso reabrió la discusión sobre el hacinamiento, el déficit de personal y el llamado “abandono estatal” que la actual administración penitenciaria denuncia desde hace años. En un escenario de sobrepoblación penal y recursos limitados, autoridades regionales y nacionales han advertido que el fortalecimiento de la seguridad interna requiere inversiones sostenidas, modernización y un plan integral de reforma.
FUGA EN COLINA II: UNA CRISIS DE SEGURIDAD Y SUS CONSECUENCIAS
Otra de las polémicas que marcó el año fue la fuga del reo Amílcar Olivares Cárdenas desde la cárcel Colina II, un hecho registrado a fines de noviembre y que dejó en evidencia graves falencias en los protocolos de control. La evasión derivó en la suspensión de seis funcionarios, incluido el jefe del recinto, mientras se tramitaba su retiro por presunta negligencia.
El sumario administrativo iniciado por Gendarmería detectó una “cadena de fallas garrafales e injustificadas”, según declaró el director nacional, coronel Rubén Pérez, lo que motivó la aplicación de medidas disciplinarias inmediatas. De los seis funcionarios suspendidos, cinco fueron finalmente desvinculados, en línea con la política de “tolerancia cero” anunciada por el Ministerio de Justicia ante vulneraciones graves en la custodia de internos.
El caso, además, abrió un flanco judicial. La ley chilena contempla responsabilidades penales para los funcionarios que permitan una fuga por “descuido culpable”, lo que podría traducirse en penas de prisión menores a las aplicadas en casos de complicidad. Las investigaciones judiciales siguen en curso para determinar eventuales delitos, mientras la institución evalúa ajustes internos para evitar que situaciones de esta magnitud se repitan.
La fuga también volvió a poner en discusión los problemas estructurales del sistema penitenciario: infraestructura deficiente, falta de tecnología de seguridad, carencias en la dotación de personal y el aumento sostenido de la población penal desde 2022, factores que en conjunto generan un escenario más propenso a incidentes críticos.
ENTRE AVANCES, REFORMAS Y RECONOCIMIENTOS
Más allá de las crisis, Gendarmería ha exhibido avances durante el presente año. En Tarapacá y otras regiones se realizaron capacitaciones para reforzar la reinserción social, incluyendo programas para profesionales de Centros de Reinserción Social y equipos del Servicio de Reinserción Juvenil. Asimismo, se concretaron nombramientos clave, como el de la coronel Nélida Troncoso como directora regional y de la coronel Emylyn Ibáñez como jefa operativa, en un esfuerzo por fortalecer liderazgos estratégicos.
A nivel nacional, la designación del coronel Rubén Pérez Riquelme como director general fue valorada como un aporte de estabilidad, mientras que la incorporación de nuevos funcionarios, ascensos y ceremonias de reconocimiento apuntan a reforzar el recurso humano, considerado por la propia institución como su principal activo.
En este nuevo Día Nacional de Gendarmería, la institución enfrenta el desafío de equilibrar reconocimiento, autocrítica y modernización. El contraste entre los avances y las crisis recientes refleja una realidad compleja: una institución indispensable para la seguridad pública y la reinserción, pero exigida al máximo y en medio de un debate profundo sobre su futuro y su necesaria transformación.
