Los obispos de la Conferencia Episcopal de Chile (CECh) dieron a conocer, en conferencia de prensa, un documento con el que buscan contribuir a lograr una mirada cristiana del fenómeno de la migración.
Los miembros del Episcopado expresaron, además, su máxima preocupación por el creciente sentimiento desfavorable hacia la migración que se advierte entre los chilenos. Subrayaron la importancia de abordar esta temática desde una perspectiva de solidaridad y acogida, fundamentada en los principios de la fe cristiana.
EL DOCUMENTO
El documento denominado “Fui forastero y me recibieron (Mt 25, 35)”, una mirada cristiana a la migración, fue presentado en las oficinas del Instituto Católico Chileno de Migración (INCAMI) que está emplazado en la Parroquia Latinoamericana en la comuna de Providencia. Antes de profundizar en el texto, los obispos, panelistas e invitados, recorrieron las instalaciones, momento en el que pudieron dialogar con quienes prestan servicios en dicho lugar, así como algunas personas migrantes.
La conversación se centró en la discusión y coordinación de esfuerzos para mejorar las condiciones y derechos de los migrantes en Chile. Las autoridades presentes destacaron la importancia de trabajar para abordar de manera integral los desafíos que enfrenta la población migrante en el país.
Participaron del diálogo sobre el documento Juan Pablo Ramaciotti, director ejecutivo del Centro de Políticas Migratorias; Felipe Harboe, abogado y ex senador por las regiones de Ñuble y Bío-Bío; y Francisco Jiménez, integrante de la Unión Social de Empresarios Cristianos (USEC).
ESTRATEGIAS
Al iniciar la presentación y citando parte del documento, el Arzobispo electo de Concepción, Sergio Pérez de Arce señaló: “Pedimos a las autoridades y a otros actores políticos y sociales, que favorezcan estrategias eficaces que permitan la regularidad migratoria de las personas que hoy están en condición irregular y no tienen problemas penales o delictuales. Más de 180.000 personas participaron voluntariamente del proceso de empadronamiento biométrico durante 2023-2024. Muchos de ellos ya cuentan con vínculos familiares en el país, tienen parientes en situación regular, trabajan entre nosotros, estudian en nuestras escuelas. Regularizar a estas personas está dentro de las opciones de la Política Nacional Migratoria y no hay razones serias que justifiquen no hacerlo”.
Sobre esta solicitud se enfatizó que “en ningún caso supone incentivar o generar un “efecto llamado”, pues se hace estableciendo ciertas condiciones que los migrantes se esforzarán en cumplir. Un migrante regular es alguien que adquiere más autonomía, queda menos expuesto a situaciones de vulnerabilidad y es un mejor aporte para la sociedad que lo recibe. Lejos de ser un problema para el país, la regularidad migratoria contribuye a la seguridad y la paz social, permitiendo relaciones más transparentes entre las personas. Es un beneficio tanto para los migrantes como para los chilenos”.
TRABAJO EN CONJUNTO
Juan Pablo Ramaciotti, del Centro de Políticas Migratorias, enfatizó que hay que “hacerse cargo de las percepciones que no nos ayudan a integrarnos bien, sin desconocer las situaciones que provocan tensiones”, agregando que hay que tener políticas públicas, tener acción desde la sociedad civil o desde el mundo religioso, desde la Iglesia que puedan hacerse cargo de situaciones difíciles, pero desde las evidencias. Además, valoró la labor de la acogida de la Iglesia “en el reconocimiento de la dignidad y valor de los migrantes. Entregando responsabilidad y autonomía. En comunidad y acogiendo”.
Desde el mundo del trabajo, Francisco Jiménez, representante de USEC, señaló estar de acuerdo sobre la necesidad de regularizar la situación de personas migrantes que cumplen con los requisitos: “Es muy importante regularizarlos en primer termino por dignidad, permitiendo integrarlos al mundo laboral”, recordando que la empresa contribuye a la construcción del tejido social y que el país es mejor con la migración, pues aportan mucho valor a las empresas. “Por eso es importante que puedan regularizarse”, partiendo por las 180 mil personas que se empadronaron voluntariamente.
