Por el delito de apremios ilegítimos fue formalizado por la Fiscalía de Alto Hospicio un funcionario de Carabineros que en octubre del año 2019, en el contexto de las protestas por el llamado Estallido Social, habría disparado su escopeta antidisturbio contra un adolescente de 16 años de edad, provocándole la pérdida de uno de sus ojos.
En la audiencia de formalización, la fiscal (s) Alejandra Gálvez explicó que los hechos ocurrieron el 22 de octubre del año 2019, alrededor de las 20:00 horas, en la Plaza Belén, sector La Tortuga, ubicada en la Ruta A-16 con Avenida Las Américas, donde se desarrollaban manifestaciones de carácter pacífico con masiva afluencia de personas de todas las edades en el contexto del llamado Estallido Social. Hasta dicho lugar llegó el adolescente M.I.V.Q., de 16 años de edad, en busca de su hermana menor que había concurrido hasta la plaza.
Dicho sector se encontraba resguardado por carabineros de la Tercera Comisaria de Alto Hospicio y posteriormente llegó personal de PDI, quienes estaban apostados en distintos sectores del lugar. En este contexto, Carabineros comenzó a solicitar por alta voz que se retiraran, instante en que un grupo de personas allí congregadas comenzó a lanzar piedras al personal policial y a quemar neumáticos, impidiendo el tránsito vehicular normal en la Ruta A-16, lo que generó que Carabineros –de acuerdo al relato de la Fiscalía- comenzara a lanzar lacrimógenas, sin hacer un uso gradual y diferenciado de la fuerza, pasando del nivel 1 al 4 de inmediato.
La fiscal agregó que hasta el lugar llegó un piquete de carabineros a cargo del imputado, quien era el único que portaba en ese sector una escopeta antidisturbios, con municiones tipo cartucho, calibre 12 mm, con balines de goma de 8 mm. En el momento en que la víctima se retiraba de la plaza junto a su hermana, sin estar provocando a carabineros, ni lanzando piedras o agrediendo a alguien, pudo observar a no más de 20 metros a un grupo de carabineros con escudos y cascos ubicados en la esquina del pasaje donde éste se encontraba. Luego los escudos se abrieron y apareció el imputado, quien abusando de su función pública y de la confianza entregada a su persona en el uso de armamento institucional, disparó directamente al tercio superior del cuerpo del afectado, a una distancia de 16,6 metros, sin perjuicio de disparar en reiteradas ocasiones contra la multitud, usando el armamento fuera del marco permitido por la normativa que regula la escopeta antidisturbios.
Producto del disparo, la víctima sintió un fuerte impacto en su cara, y comenzó a salir sangre y humo desde su ojo derecho y mejilla. No recibió ninguna ayuda de personal de Carabineros y fue asistido por particulares quienes lo trasladaron a un centro de salud, luego hasta el Hospital Regional de Iquique y posteriormente fue trasladado en avión ambulancia de urgencia a Santiago. Allí se le diagnosticó el estallido de su ojo derecho con pérdida del globo ocular, perdiendo de manera irreversible la vista de dicho ojo y debiendo usar una prótesis de por vida, resultando en definitiva con lesiones de carácter graves gravísimas y traumas evidentes carácter psicológico.
La fiscal Gálvez dio cuenta de las múltiples diligencias realizadas junto a la Policía de Investigaciones para esclarecer los hechos, como la toma de declaración de la víctima a través de la Entrevista Investigativa Videograbada, el testimonio de otra víctima de ese mismo día que perdió también la vista de uno de sus ojos pero por una bomba lacrimógena; y la declaración de testigos y de otros carabineros que estuvieron en el lugar y confirmaron que sólo el comisario de Alto Hospicio y el imputado mantenían ese día escopetas antidisturbio.
También se realizaron informes fotográficos y planimétricos que permitieron establecer la dinámica de los hechos, una pericia balística que determinó que el perdigón extraído desde el ojo de la víctima correspondía a las municiones que utiliza Carabineros; y el informe del Servicio Médico Legal sobre las lesiones físicas y sicológicas sufridas por el afectado de acuerdo al Protocolo Estambul.
Dada la gravedad de los hechos y de la pena asignada, y que la víctima es una persona menor de edad; la fiscal solicitó junto a los abogados querellantes del INDH y la Corporación Opción, la prisión preventiva del imputado por ser su libertad un peligro para la seguridad de la sociedad.
La magistrada no acogió la solicitud de la Fiscalía y decretó las medidas cautelares de arraigo nacional, firma mensual, prohibición de acercarse a la víctima y la prohibición de poseer, tener o portar armas de fuego, municiones o cartuchos.
Se fijó un plazo de 48 horas para que el imputado entregue su arma de servicio, y un plazo de investigación de 120 días.
