El pasado 15 de octubre, en el Juzgado de Garantía de Copiapó, la Fiscalía Regional de Atacama formalizó al abogado Leonel Huerta Fernández, exadministrador del Gobierno Regional (GORE) de Arica y Parinacota, por el delito de fraude al fisco.
La acusación, detallada por El Mostrador, sostiene que Huerta participó directamente en el traspaso irregular de $246.600.000 a la Fundación Comprometidos, entidad presidida por Sebastián Duarte Vergara, en el marco de un proyecto financiado con recursos públicos regionales.
El fiscal Luis Miranda Flores expuso que las transferencias —realizadas en diciembre de 2022 y marzo de 2023— fueron justificadas bajo el programa “Control poblacional canino y felino Arica 6.000 mascotas”, pero terminaron vinculadas a una red de financiamiento político y uso indebido de fondos estatales.
El hombre fuerte del exgobernador Díaz
Huerta no era un funcionario de segundo orden. Fue la mano derecha del exgobernador Jorge Díaz Ibarra (DC), actual candidato a diputado, y quien le confió la administración de los fondos regionales durante su gestión.
Según la investigación, ambos mantenían vínculos con Duarte, el presidente de la fundación, mientras trabajaban en la constitución del partido político “Mejor Región”.
Esa conexión política es la que hoy pone bajo la lupa la relación entre recursos públicos y fines partidarios en el norte del país.
En la audiencia, el juez Ubaldo Basoa Oviedo decretó para Huerta la medida cautelar de arraigo nacional, atendiendo a la “gravedad del delito y el riesgo de fuga”, pese a los intentos de su defensa —encabezada por el abogado Antonio Raveau Droully— por evitar cualquier restricción.
Una red con tres aristas y diez imputados
La formalización de Huerta corresponde a la denominada “Arista Arica 1”, pero el caso tiene ramificaciones en tres regiones: Arica, Antofagasta y Atacama.
En total, diez personas han sido formalizadas por delitos asociados al uso irregular de fondos regionales destinados a proyectos sociales.
En Arica, el foco está en los $246 millones transferidos a Comprometidos; en Atacama, se indaga un proyecto financiado por el Serviu por $128 millones para la distribución de agua en campamentos; y en Antofagasta, otra iniciativa por $144 millones para control animal en Tocopilla.
El Ministerio Público evalúa presentar una acusación formal conjunta contra todos los imputados o dividir los procesos por región, considerando los niveles de participación y colaboración de cada uno.
Cierre de investigación y acusación en preparación
Aunque el fiscal Miranda solicitó una ampliación de plazo, el tribunal rechazó la petición, argumentando que el periodo de investigación había expirado el 18 de agosto. Con ello, la causa entra ahora en fase de acusación, donde la Fiscalía deberá decidir si busca un juicio oral o acuerda salidas alternativas con algunos de los involucrados.
El único que permanece en prisión preventiva es Sebastián Duarte Vergara, presidente de la fundación Comprometidos, imputado además por soborno, administración desleal y lavado de activos.
Reacción del Gobierno Regional: “hechos de otra administración”
Tras la publicación de El Mostrador, el Gobierno Regional de Arica y Parinacota emitió un comunicado público marcando distancia con el imputado:
“La formalización corresponde a hechos ocurridos durante la administración anterior, cuando el funcionario ejercía bajo el mandato del exgobernador Jorge Díaz. Queremos ser categóricos: esta persona no tiene ningún vínculo con la actual gestión”.
El texto también reafirma el compromiso del actual gobernador Diego Paco Mamani (RN) con la probidad y la transparencia, asegurando que se han implementado nuevos controles internos y mecanismos de revisión del gasto público.
“Condenamos con fuerza este hecho, que daña la fe pública, afecta la confianza ciudadana y compromete el nombre de la región. No toleraremos prácticas de corrupción ni el uso indebido de recursos públicos”, concluye el comunicado.
Un golpe político en plena campaña
La formalización de Huerta ocurre a un mes exacto de las elecciones presidenciales y parlamentarias, lo que ha encendido las alarmas en los comandos políticos del norte.
En Arica, dirigentes locales reconocen que el caso puede tener impacto directo en la campaña de Jorge Díaz, cuya cercanía con Huerta y Duarte ha sido documentada en fotografías, registros de reuniones y en la conformación del partido Mejor Región.
Analistas regionales coinciden en que la Fiscalía ha golpeado en el corazón de la antigua estructura de poder ariqueña, aquella que mezclaba proyectos sociales con aspiraciones políticas.
La fractura de la confianza pública
Más allá del destino judicial de los imputados, el caso refleja una herida profunda en la institucionalidad regional.
Los fondos transferidos a Comprometidos —originalmente destinados a una iniciativa sanitaria y de bienestar animal— terminaron convertidos en símbolo del deterioro ético en la gestión pública.
Lo ocurrido con Huerta reabre un debate incómodo:
¿cuántos proyectos sociales se utilizan realmente para lo que fueron aprobados?,
¿Y cuántos se transforman en plataformas de influencia política bajo el amparo de la legalidad administrativa?
En Arica, la ciudadanía vuelve a mirar con escepticismo a sus autoridades.
La formalización de Leonel Huerta Fernández no solo marca un paso judicial, sino también una señal de que el poder regional deberá rendir cuentas, tarde o temprano, por los millones que salieron del presupuesto público sin volver al bien común.
