La magnitud de la catástrofe forestal que golpea a las regiones de Ñuble y Biobío ha encendido las alarmas en el sistema financiero estatal. La Contraloría General de la República advirtió que el financiamiento necesario para mitigar los daños provocados por el fuego podría absorber los recursos originalmente previstos para cubrir el reajuste salarial de los trabajadores del Estado, generando un escenario de extrema incertidumbre para la Ley de Presupuesto.
Durante la discusión en la Comisión de Hacienda del Senado, se reveló que las líneas presupuestarias destinadas a imprevistos están bajo una presión fiscal sin precedentes. La coincidencia entre la votación del reajuste y el avance de los siniestros en el sur obliga al Ejecutivo a priorizar el gasto en catástrofes, lo que dejaría un vacío financiero para las remuneraciones de los funcionarios del sector público.
En ese sentido, Dorothy Pérez, contralora general de la República, puntualizó la naturaleza de los fondos en discusión. “Quisiera hacer presente que estas provisiones no son exclusivas para gastos de la ley de reajuste, de modo que efectivamente, en estas líneas, podría uno obtener recursos, pero estos recursos también tienen otras finalidades”, aclaró la autoridad ante la Comisión de Hacienda.
Asimismo, la jefa del organismo fiscalizador vinculó directamente la crisis del sur con la disponibilidad de caja enfatizando que “atendida la emergencia que estamos viviendo en el sur del país con la cantidad y la magnitud del daño que se ha producido, probablemente se va a requerir utilizar gran parte de esas líneas de emergencia para poder cubrir esa situación, de manera que no estarían esos fondos disponibles para entonces cubrir la ley de reajuste, cuestión con la que se contaba según la información que nosotros entendemos”.
Desde el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) reforzaron esta preocupación, indicando que las provisiones actuales son insuficientes para las demandas del año. El organismo estima que se requieren cerca de US$ 822 millones adicionales, los cuales deberían gestionarse mediante reasignaciones presupuestarias críticas. En este contexto, el margen remanente de la Asignación 104, que asciende a US$ 345 millones, debe quedar blindado únicamente para contingencias.
En esa línea, Jorge Rodríguez Benavides, presidente del Consejo Fiscal Autónomo, expresó la urgencia de resguardar los montos para desastres. “Respecto de las provisiones, gasto estimable, es la que se ha utilizado para afrontar imprevistos y emergencias. El margen remanente que queda en la asignación 104, de US$ 345 millones, debe asegurar disponibilidad para financiar emergencias”, manifestó el experto.
Finalmente, el debate parlamentario se mantiene en tensión, ya que la reforma de pensiones también compite por los mismos recursos de libre disponibilidad. Mientras los incendios continúan activos, el Gobierno deberá decidir cómo equilibrar la asistencia a los damnificados con el cumplimiento de los compromisos laborales, en un escenario donde la estabilidad económica del país parece estar al límite de lo proyectado.
