La Fiscalía de Antofagasta formalizó investigación por el delito de fraude al fisco reiterado, en contra del ex seremi de Vivienda y Urbanismo de Antofagasta, Carlos Contreras Gutiérrez, por la suscripción de cuatro convenios con fundación Tomarte el año 2022, solicitando para él la medida cautelar de prisión preventiva por peligro para la seguridad de la sociedad, petición que fue acogida por el Juzgado de Garantía de la ciudad.
Los cuatro convenios que son materia de investigación se habrían celebrado por parte de Contreras con grave contravención a sus deberes y facultades, y sin que dicha fundación reuniera los requisitos mínimos para ser receptora de los fondos, todo lo cual habría provocado al fisco un perjuicio de 456 millones de pesos.
Según expuso el fiscal Cristian Aguilar Aranela en audiencias que se realizaron ayer y hoy, el imputado intervino de manera indebida en el proceso previo a la suscripción de los convenios, instruyendo que se invitara a Tomarte y consiguiendo que se le incorporara a la nómina de fundaciones que serían consideradas para ser receptoras de fondos públicos el año 2022.
Aguilar relató además que Tomarte fue constituida el 16 de noviembre del año 2021, por lo que, a la fecha de la invitación a suscribir los convenios, contaba con menos de un año de funcionamiento, y no tenía la experiencia necesaria para convertirse en receptora de tales fondos.
Por otra parte, señaló que el ex seremi no garantizó el cumplimiento de los cuatro convenios suscritos, sea mediante la entrega de vale vista, póliza de seguro, boleta de garantía u otro documento, para asegurar que los fondos -que fueron entregados en un solo pago- fueren utilizados para los fines que se establecieron, lo que dejó en indefensión al Estado, una vez que el MINVU dejó sin efecto tales convenios por incumplimientos graves.
Tras oír a las partes, el magistrado Andrés Santelices Jorquera consideró suficientemente fundada en base a los antecedentes invocados, tanto la existencia del delito formalizado, como la participación del imputado en calidad de autor, estimando, además, que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, disponiendo la prisión preventiva solicitada por la fiscalía.
