La Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía de Arica reformalizó, este jueves, a los 10 imputados detenidos en agosto de 2023, en el marco de una investigación por delitos de corrupción pública al interior de la Dirección Regional de Vialidad.
La indagatoria estableció la participación de cinco funcionarios de esa repartición, quienes recibieron pagos ilícitos para fiscalizar y aprobar distintas obras públicas en esta ciudad y adjudicarse proyectos mediante una empresa de fachada.
En tanto, hay otros cinco imputados que corresponden a ejecutivos y trabajadores de una empresa constructora que se adjudicó dichos trabajos en la zona.
La investigación de la Fiscalía junto a la Brigada de Delitos Económicos de la PDI Arica estableció que en su calidad de fiscalizadores de obras y contratos y otros roles al interior de Vialidad, los imputados favorecieron a las constructoras que ejecutaban trabajos en Arica, recibiendo millonarios pagos por ello.
Uno de los hechos investigados corresponde a los trabajos de mejoramiento de la calle Guillermo Sánchez, ejecutados por la constructora F.V. En este contexto, se estableció que la fiscalizadora de Vialidad de iniciales L.M.H., y su cónyuge C.D.H., conformaron la sociedad DELMEDH SPA, adjudicándose una obra menor de este proyecto (pavimentación de un puente en ese sector), cobrando la suma de $49.739.148.
Sin embargo, los imputados subcontrataron a una tercera empresa que fue la que finalmente ejecutó los trabajos y que cobró la suma de $32.130.001. De esta forma, el matrimonio se quedó con la diferencia de ambos montos, es decir $17.608.147. Toda esa acción ilícita fue concertada y aprobada además por el fiscalizador general del contrato y amigo de ambos G.L.F.
Los imputados repitieron la misma acción, pero esta vez en el marco de los trabajos de reparación y remodelación de la ruta A-27 de acceso al Valle de Azapa, adjudicada también a la empresa Constructora F.V.
Así, la firma DELMEDH SPA, se adjudicó una obra menor de modificación de cámaras de alcantarillado, por un monto total de $95.616.500. Sin embargo, el trabajo finalmente fue realizado por una tercera firma que solo cobró $33.915.000, por lo que los imputados se apropiaron del saldo restante de al menos $61.701.500, cifra repartida en partes iguales por los imputados.
La investigación estableció otros dos hechos delictivos similares, dado que los otros funcionarios públicos también recibieron distintos pagos por parte de las constructoras, para favorecerlas y manipular los reportes de inspección y cumplimiento de los contratos.
En tanto, los ejecutivos y trabajadores de la empresa San Felipe realizaron distintas maniobras para concretar estos traspasos, entre ellos la transferencia de dinero a la cuenta corriente de la cónyuge de uno de los inspectores, a fin de disimular su origen ilícito.
En este contexto, el fiscal jefe de la Unidad de Alta Complejidad, Francisco Ganga, reformalizó a los imputados por delitos de cohecho, fraude al fisco, soborno y lavado de activos, quedando todos sujetos a medidas cautelares de arraigo, arresto domiciliario nocturno y firma mensual.
