Este jueves no fue un regreso fácil en la administración pública tras el feriado por las Glorias Navales de este 21 de mayo. Y es que el martes, la Contraloría General de la República asestó un duro golpe a los funcionarios públicos al denunciar serias irregularidades detectadas en más de 25 mil trabajadores fiscales que, en el periodo 2023-2024, salieron del país mientras estaban con licencia médica.
A los sumarios masivos que ya fueron anunciados, ahora se suma una situación aún más compleja: el Ministerio Público, dirigido por el fiscal nacional Ángel Valencia, decidió abrir de oficio una investigación penal para determinar la responsabilidad de estos funcionarios en delitos de fraude al fisco y, en el caso de los médicos, la eventual emisión de permisos médicos falsos.
En detalle, el fiscal nacional Ángel Valencia instruyó que la causa quede a cargo de la Fiscalía Oriente, liderada por Lorena Parra, donde ya existe una investigación abierta por licencias médicas fraudulentas.
Cabe señalar que las regiones con mayor cantidad de movimientos detectados son la Metropolitana (43,7%), Arica y Parinacota (16,9%) y Magallanes (10%). Entre los organismos con más licencias médicas asociadas a viajes se encuentran la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji), con 2.280; Fundación Integra, con 1.934; y la Municipalidad de Arica, con 719.
Según el informe, se emitieron 35.585 licencias médicas a 25.078 trabajadores fiscales, de las cuales un 69% corresponde a Fonasa y el 31% a distintas isapres. Durante estos periodos de reposo, los titulares realizaron 59.575 entradas o salidas del país, lo que fue detectado gracias a información entregada por la Policía de Investigaciones (PDI).
Los datos fueron entregados por la Policía de Investigaciones (PDI) y, en base al informe de la CGR, se determinó que los titulares de esas 35.585 licencias habrían entrado o salido del país en 59.575 oportunidades durante el respectivo permiso de reposo.
En tanto, en el ámbito político, desde el Ejecutivo también se anunciaron medidas: un informe a todos los ministerios y servicios; sumarios internos y entrega de los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para que analice acciones civiles y penales.
