Un megaoperativo encabezado por la Fiscalía de Arica y la Policía de Investigaciones permitió la detención de al menos cinco personas —entre funcionarios públicos y particulares— presuntamente vinculadas a una red de corrupción en la asignación de terrenos de Bienes Nacionales.
El fiscal regional, Mario Carrera, explicó que en total existen 10 órdenes de detención y de registro de domicilios y oficinas públicas, en el marco de una investigación que calificó como “bastante metódica” y que se inició tras denuncias provenientes “del interior del propio servicio”.
“Quiero destacar que hay funcionarios públicos que están totalmente fuera de todo esto y que han sido un apoyo en el marco de la investigación”, enfatizó Carrera, quien valoró la colaboración de los trabajadores que entregaron información clave para desbaratar la red.
Según los antecedentes preliminares, la organización estaba compuesta por cuatro funcionarios de la Seremi de Bienes Nacionales de Arica y uno de la Dirección de Obras de la Municipalidad de Arica, quienes habrían alterado y antedatado solicitudes de terrenos para favorecer a terceros a cambio de beneficios económicos.
El fiscal detalló que el modus operandi consistía en bloquear solicitudes legítimas de particulares, para luego asignar los terrenos a personas vinculadas a la red, simulando que habían presentado sus proyectos con anterioridad. “Se dejaban algunos números de oficio vacíos (…) y cuando llegaba una solicitud bien hecha, se le vendía o se le entregaba a otra persona que hacía como si la hubiera presentado antes”, explicó.
Carrera añadió que los montos involucrados son “cuantiosos”, ya que se trata de terrenos y bienes muebles de alto valor, y que las prácticas investigadas podrían remontarse a varios años atrás, aunque la indagatoria comenzó en 2021.
El persecutor también reconoció que “los mecanismos de control no estaban funcionando” y adelantó que este jueves se procederá a la formalización de cargos contra los imputados. Respecto de los terrenos involucrados, señaló que el Consejo de Defensa del Estado deberá pronunciarse sobre su situación.
Finalmente, Carrera destacó el rol de los funcionarios probos que colaboraron con la investigación: “Toda esta información y todo lo que pudimos avanzar fue gracias a funcionarios honestos que confiaron en la Fiscalía y en el trabajo conjunto con la PDI”, subrayó.
