La Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Arica ratificó ayer la prisión preventiva de Juan Alejandro Mateo Morillo (J.A.M.M.), acusado de femicidio íntimo, en un fallo unánime que subraya la gravedad del delito y el riesgo que representa para la sociedad. La decisión mantiene la medida cautelar adoptada previamente por el Juzgado de Garantía de la ciudad.
Los jueces del tribunal de alzada –el ministro Pablo Zavala Fernández, el fiscal judicial Juan Manuel Escobar Salas y el abogado (i) Ricardo Oñate Vera– coincidieron en que los antecedentes reunidos cumplen con todos los requisitos legales del artículo 140 del Código Procesal Penal, destacando que la libertad del imputado pondría en peligro tanto a la víctima como a su entorno familiar y a la comunidad.
Los hechos que estremecieron a Arica
La tragedia ocurrió la noche del 4 de julio de 2025 en la vivienda que la pareja compartía en la calle Lastarria. Según la investigación del Ministerio Público, la víctima llevaba una relación de convivencia de tres años con J.A.M.M., con quien tenía un hijo de un año. La discusión por la hora de llegada a la casa escaló de manera violenta: amenazas hacia la mujer y el menor, agresiones físicas con un cuchillo y finalmente la asfixia que terminó con su vida.
Tras cometer el crimen, el imputado se dirigió a su lugar de trabajo, donde fue detenido por Carabineros. La investigación forense y las declaraciones recogidas durante la audiencia formaron parte del sustento que llevó a los jueces a confirmar la medida de prisión preventiva.
El riesgo de su libertad y la protección de la sociedad
El tribunal enfatizó que mantener a J.A.M.M. en libertad representaría un peligro para la seguridad de la víctima, su familia y la sociedad en general, dada la gravedad del delito y la pena asociada. “Los antecedentes aportados y el mérito de lo expuesto en la audiencia muestran que se cumplen todos los requisitos legales para sostener la prisión preventiva”, indicó la Corte en su resolución.
Proceso en desarrollo
Esta noticia busca informar a la comunidad sobre las resoluciones judiciales en curso. Todas las partes involucradas en la causa tienen la posibilidad de ejercer los recursos procesales establecidos por la ley, lo que permite la revisión y eventual modificación de lo resuelto, garantizando así el debido proceso.
