El abogado Juan Carlos Manríquez, representante de la familia del exmilitar venezolano Ronald Ojeda, aseguró que hay “indicios serios” para vincular al chavismo con el crimen.
Sus declaraciones, a días de cumplir un año desde el asesinato, fueron parte de una entrevista a EFE, donde el abogado indicó que, a su juicio, el crimen “sirvió” para mandar un mensaje a los opositores del régimen de Nicolás Maduro, dando entender que “nadie está a salvo”.
Cabe destacar que Ronald Ojeda era disidente del régimen de Maduro y se encontraba con asilo político en Chile (2023), siendo secuestrado el pasado 21 de febrero de 2024, por un grupo de hombres vestidos como agentes de la PDI, siendo captado por las cámaras de seguridad del edificio, el actuar de los antisociales desde su casa ubicada en el centro de Santiago, siendo hallado su cadáver diez días después en una zanja de 1,4 metros de profundidad y bajo un bloque de cemento en Santiago.
Cabe recordar que, hasta el momento, han realizado detenciones en Chile, Colombia, Costa Rica y Estados Unidos, identificados como integrantes de una célula vinculada al Tren de Aragua.
Según dijo el abogado, aún falta por determinar “quiénes fueron los autores intelectuales y cuánto se pagó por este crimen”. Además, la familia de Ojeda ha indicado que el Gobierno venezolano es parte de los responsables, asegurando que el crimen forma parte de “un plan sistemático de persecución y eliminación de opositores políticos, en cuya planificación e incluso ejecución pudieran haber participado agentes estatales altamente preparados”, explicó el abogado en representación de su familia.
Además, Ojeda alcanzó gran notoriedad cuando en noviembre de 2022 se manifestó de rodillas y con una bolsa en la cabeza frente a La Moneda contra el chavismo y se convirtió en “un nombre emergente en la resistencia de la diáspora venezolana, particularmente en los cuerpos jóvenes armados”, aseguró Manríquez.
“No se trata solo de un homicidio horrendo, sino de un plan de eliminaciones selectivas en distintas partes de las Américas”, insistió.
El abogado también indicó que los responsables del asesinato estaban en contacto directo con autoridades políticas o fuerzas militares venezolanas, hechos que asegura se han podido confirmar con al menos tres testimonios, más otras evidencias indirectas.
Para finalizar, su viuda pide investigar si “por negligencia, desidia, mala fe o simple descuido” las autoridades chilenas facilitaron a las venezolanas la ubicación de Ojeda. Esto, en virtud de un convenio de cooperación bilateral en materia policial firmado entre ambos países semanas antes del asesinato del exteniente, apuntó el abogado.
“La familia cree que pudo haber habido negligencia en el tratamiento de sus datos de asilo. Es una de las distintas líneas de investigación que la Fiscalía está obligada a profundizar”, sostuvo.
Para finalizar, la investigación mantiene su carácter reservado y cuya investigación se extendió durante seis meses más.
