El Tribunal de Contratación Pública acogió una demanda de impugnación contra la Municipalidad de Huara tras constatar irregularidades en el proceso de licitación del proyecto «Reposición Plaza Cívica de Huara». La justicia determinó que la administración local actuó de manera ilegal y arbitraria al asignar puntajes que no se ajustaban a las bases administrativas, perjudicando la transparencia del concurso público.
En relación con ello el Tribunal de Contratación Pública, señaló que la Comisión Evaluadora actuó de manera ilegal al asignar puntajes que no correspondían a las bases de licitación, limitándose a calificar sin explicitar las razones que justificaban dichas notas en el informe final.
La controversia se originó cuando la empresa demandante detectó que su experiencia técnica fue subvalorada deliberadamente. Pese a haber acreditado 11 obras con características similares al objeto de la licitación, los evaluadores municipales solo contabilizaron dos de ellas, lo que resultó en una puntuación errónea que afectó tanto el ranking de ejecución como el cálculo del monto total adjudicado por el oferente.
Según el representante de la empresa demandante, (según el libelo de impugnación) La incorrecta evaluación de las obras ejecutadas impidió que se nos otorgara el máximo puntaje, contabilizando un monto menor al real que ascendía a más de 977 millones de pesos.
El tribunal también lanzó duras críticas a la falta de fundamentación en los decretos de adjudicación y en los informes de la comisión evaluadora. Esta omisión, según el fallo, constituye una infracción directa a la Ley N°19.886, ya que priva a los participantes de conocer los criterios técnicos y lógicos que llevaron al municipio a elegir la oferta ganadora por sobre las demás.
A pesar de la gravedad de los errores detectados, la justicia resolvió no anular el contrato ni retrotraer el proceso debido al avanzado estado de ejecución de los trabajos en el terreno. De esta forma, la construcción de la plaza continuará para evitar perjuicios a la comunidad de Huara, aunque se reconoció el derecho del oferente afectado a perseguir indemnizaciones civiles y las responsabilidades administrativas correspondientes.
