Fiscalía de Alto Hospicio consiguió la condena de dos exjefes tras comprobar que fueron autores del delito por malversación de caudales públicos, luego que se acreditara que sustrajeron más de $180 millones de pesos municipales a través de cuentas falsas.
Según informó el Ministerio Público, en el juicio oral que duró más de un mes, el fiscal Javier Gutiérrez junto a la fiscal Virginia Aravena, catalogaron como intensa y dificultosa la investigación, “sobre todo en lo que se refiere a la obtención de la documentación bancaria, pero gracias al trabajo investigativo de la Fiscalía y la Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones se logró reunir la prueba para acreditar que, entre los años 2014 y 2016, los dos ex funcionarios públicos se concertaron para crear cuentas falsas”.
Ante ello, el persecutor, añadió que a esas cuentas “transferían dinero como pago de sueldo de trabajadores que ya no estaban en la municipalidad, logrando de esa forma apropiarse de una cantidad superior a los 180 millones de pesos”.
También junto a ellos estuvo el abogado del Consejo de Defensa del Estado, con quien presentaron un importante número de testigos, los que incluyeron a funcionarios de la Policía de Investigaciones que estuvieron a cargo de las diligencias, peritos de la misma policía, además de prueba documental y otros medios.
De ese modo, los condenados exfuncionarios de la municipalidad de Alto Hospicio, “aprovecharon que por sus funciones mantenían a su cargo las cuentas fiscales de la municipalidad e información del personal contratado, para idear una fórmula que les permitiera sustraer dineros a través de la creación de cuentas vista a personas que habían trabajado en la alcaldía, pero que ya no prestaban servicios”.
Así se pudo acreditar que los acusados “transferían el dinero desde la cuenta de la municipalidad a esas cuentas vistas por el falso concepto de pago de sueldos, y retiraban los dineros desde cajeros automáticos, ya que mantenían en su poder las tarjetas o plásticos asociados a estas cuentas”, logrando acumular $183.290.000 pesos.
En definitiva, el Ministerio Público está solicitando una condena de 15 años de presidio y al pago de unas multas de 15 UTM, para ello se fijó la lectura de sentencia para el próximo 11 de octubre.
