El exfiscal jefe de Iquique y persecutor del caso ProCultura, Eduardo Ríos, presentó su renuncia al Ministerio Público luego de una seguidilla de reveses judiciales y un fuerte quiebre interno en la Fiscalía.
La dimisión fue formalizada mediante una carta enviada al fiscal nacional, Ángel Valencia, donde el persecutor expuso sus motivos y se concretó su salida tras meses de presión por el manejo del caso. La renuncia se produce en el momento más complejo de la investigación ProCultura.
El alejamiento se produce tras el rechazo judicial al desafuero del gobernador metropolitano Claudio Orrego, considerado uno de los golpes más severos para la causa.
DENUNCIA POR MALTRATO Y QUIEBRE INTERNO
Antes de dejar la institución, Ríos presentó una denuncia por maltrato laboral contra el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios. En el escrito, sostuvo que él y su equipo fueron víctimas de un patrón de hostigamiento laboral similar al “mobbing”.
El documento señala que no se trató de un hecho aislado, sino de una conducta reiterada basada en aislamiento, desautorización y presiones constantes que afectaron directamente el desarrollo del trabajo investigativo.
Uno de los episodios más graves fue la solicitud de un informe reservado sobre ProCultura sin su conocimiento. Según Ríos, se pidió dicho reporte a una asesora de su propio equipo con la instrucción de mantenerlo en secreto, lo que calificó como una intervención paralela en la investigación.
El exfiscal afirmó que esta acción representó un control clandestino del equipo investigador, realizado sin transparencia ni respeto por su rol como jefe directo del caso.
UNA INVESTIGACIÓN MARCADA POR FRACASOS JUDICIALES
El caso ProCultura se transformó en un foco de tensión para el Ministerio Público debido a los sucesivos cambios de fiscales y resultados adversos. La causa pasó por distintos persecutores tras la salida de Carlos Palma, luego quedó en manos de Patricio Cooper y finalmente fue asumida por la Fiscalía de Antofagasta, acumulando cuestionamientos internos.
En esta última etapa, la investigación sufrió dos derrotas decisivas: el rechazo a la prisión preventiva de Alberto Larraín y la negativa judicial al desafuero de Claudio Orrego.
La renuncia de Eduardo Ríos vuelve a dejar en evidencia una crisis institucional en torno al caso ProCultura, marcada por conflictos internos, denuncias de maltrato laboral y una cadena de fallos judiciales adversos que debilitan la conducción de la causa.
