En el Centro de Justicia de Santiago, el Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal (TOP) comunicó este lunes la sentencia contra el exdirector general de la Policía de Investigaciones (PDI), Héctor Espinosa Valenzuela, imponiéndole una pena total de 17 años de presidio, de los cuales se descontarán los 4 años que permaneció en prisión preventiva o bajo arresto domiciliario.
El fallo fue leído en la sala 801, mientras el exjefe policial seguía la audiencia de manera telemática desde el Recinto Penitenciario Especial de Alta Seguridad (REPAS).
La resolución se dictó luego del juicio oral que se extendió por 45 días, incluyó a más de 90 testigos, y concluyó con el reconocimiento unánime –por parte de los magistrados Cristián Soto Galdames, Pedro Suárez Nieto y Carolina Escandón Cox– de que Espinosa cometió delitos reiterados de malversación de caudales públicos, falsificación y uso malicioso de instrumento público, además de lavado de activos, por los cuales ya había sido declarado culpable el pasado 12 de noviembre.
El tribunal también acogió la demanda civil, ordenando que el exdirector indemnice al Estado con $146 millones por daño emergente. Junto con ello, dispuso el comiso de un departamento, una bodega y dos estacionamientos ubicados en Rosario Sur, Las Condes, bienes calificados como producto directo de los ilícitos.
CONDENAS ESPECÍFICAS
El detalla de la condena que Espinosa recibió, es el siguiente:
- 12 años de presidio mayor en su grado medio, más inhabilitación absoluta perpetua para cargos públicos, por los delitos reiterados de malversación y falsificación, además del pago de 15 UTM.
- 5 años y un día de presidio, más inhabilitación absoluta perpetua para cargos públicos, y una multa de 200 UTM, por el delito de lavado de activos.
CONDENA A SU CÓNYUGE
En el mismo fallo, el tribunal condenó a María Magdalena Neira, esposa del exjefe policial, a 541 días como autora de un delito culposo de lavado de activos. Según la Fiscalía Oriente, la mujer actuó como “un elemento fundamental” en la ruta utilizada para desviar dinero público.
EL ORIGEN DEL CASO Y LOS MOVIMIENTOS SOSPECHOSOS
La investigación se remonta a 2021, pocos meses después de que Espinosa dejara la institución. El Ministerio Público estableció que, entre 2015 y 2017, se realizaron 53 depósitos por un total de $146 millones dirigidos a él y a su cónyuge, fondos que provenían de los gastos reservados asignados a la PDI. En los seis años en que encabezó la policía civil, el exdirector administró más de $1.300 millones bajo ese concepto.
El caso también incluyó el reporte de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) del 31 de diciembre de 2020, que alertó operaciones irregulares asociadas a Espinosa. Durante la indagatoria, el Ministerio Público detectó que su hoja de vida institucional, documento clave para evaluar su desempeño previo, desapareció, sin que se lograra determinar en qué etapa se extravió.
REACCIONES DEL GOBIERNO
Tras conocerse la sentencia, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, valoró el fallo y subrayó que se trata de una decisión coherente con la gravedad de los delitos: “Es una condena que muchos pueden considerar severa; para nosotros es proporcional, no solo a la falta sino también a la posición que él ocupaba”, afirmó.
El secretario de Estado advirtió que casos como este golpean la confianza pública en las policías, por lo que la respuesta debe ser categórica:
“Las policías gozan de una alta confianza. Una de las cosas que puede corroer esa confianza es la corrupción, y por eso cuando se detectan casos severos deben sancionarse severamente”, señaló.
Cordero agregó que, pese al impacto interno, enfrentar este tipo de hechos es imprescindible para preservar la integridad institucional: “Estas circunstancias son dolorosas, pero si se afrontan con decisión, también son una señal para la comunidad”, planteó.
Finalmente, destacó que el fallo establece un precedente: “Nos parece que la pena se enmarca dentro de una investigación de delitos graves asociados a la máxima investidura dentro de la PDI. Esperamos que marque un precedente para el trabajo del Ministerio Público”, concluyó.
