Durante la primera semana del 2025, la Contraloría concluyó un sumario en contra del exedil de Arica, Gerardo Espíndola, donde detectó “faltas a la probidad” en una contratación municipal; mientras que en paralelo, se publicó un informe que detectó importantes falencias en los contratos para la mantención de áreas verdes en la ciudad, hallazgos que fueron derivados al Consejo de Defensa del Estado y la Fiscalía de Arica.
Los problemas se remontan a una millonaria licitación publicada en 2023 para la mantención de áreas verdes, por el que la municipalidad ofrecía un monto mensual cercano a los $310 millones mensuales por dos años, es decir, casi $15 mil millones.
Al proceso solo se presentó un proveedor, la empresa Paisajismo y Jardines del Norte SpA, cuya socia y fundadora es Silvia Merlet, quien ofreció el servicio por $479 millones, un 54% más caro que las bases presentadas por el municipio. A pesar de que la comisión advirtió que correspondía hacer una revisión legal del proceso, el exalcalde Espíndola dio luz verde a la adjudicación.
Ante la ausencia de una empresa que se hiciera cargo del servicio, Espíndola optó por firmar un trato directo por $456 millones con la empresa Norte Verde SpA, cuyo socio es Jorge Fernández Merlet, hijo de la representante de Paisajismo, a quien se le declaró ilegal la adjudicación de la licitación.
IRREGULARIDADES Y PISTAS QUE EVIDENCIARON EL POSIBLE FRAUDE
La firma había sido creada apenas unos días antes del trato directo. Las sospechas de la Fiscalía, es que en ese proceso, pudo existir algún beneficio en particular para la empresa Norte Verde SpA, por lo que se encuentra investigando un posible cohecho, negociación incompatible y fraude al fisco.
Uno de los antecedentes que recopiló la investigación de Contraloría, apunta a los correos que se enviaron para dar luz verde al trato directo con Norte Verde SpA. En el informe, se da cuenta que el entonces administrador municipal, Christian Díaz Ramírez, aseguró haber enviado un correo a cinco empresas de áreas verdes para que presentaran ofertas para firmar el millonario trato directo. Sin embargo, “no consta, que el referido correo haya sido remitido a cinco proveedores, entre ellos la empresa a la postre contratada”.
Ese mismo día, la empresa Norte Verde SpA se estaba constituyendo e iniciando sus actividades en el Servicio de Impuestos Internos. Dos días después, el gerente general de la empresa, Pedro Copaja González envió al administrador municipal “una cotización para atender el referido servicio, ofertando un monto de $285.178.911, siendo la única cotización ofrecida al municipio”.
En apenas dos días, la empresa se había constituido; iniciado actividades; y elaborado una propuesta que incluía 12 choferes profesionales, 63 jardineros, 8 capataces, entre otros ítems, sumando un total de 112 empleados, 6 camiones aljibe y 5 vehículos.
Las sospechas de la Contraloría apuntan a un eventual uso de información privilegiada, ya que en la práctica, el servicio habría sido ejecutado por la empresa Paisajismo y Jardines del Norte SpA, prueba de ello, es que uno de los autos ofertados por el representante de Norte Verde SpA, estaba a nombre de la empresa de su madre.
Ante la gravedad de los hechos, el ente fiscalizador inició un sumario administrativo, mientras que los antecedentes fueron incorporados a la arista penal que persigue la Fiscalía.
SUMARIO ANTERIOR A ESPÍNDOLA: “FALTAS DE PROBIDAD”
En las últimas semanas, se dio a conocer el resultado de un sumario que pesaba sobre el alcalde desde 2021, mismo año en que asumió como edil. Los hechos que se investigaron tenían relación con la contratación de Claudia Hermosilla, un exmilitante del Partido Liberal, que en septiembre de 2021 fue seleccionada a través de concurso público como secretaria abogada del Tercer Juzgado de Policía Local de Arica.
Quien aprobó su designación en ese entonces, fue el exalcalde Gerardo Espíndola, compañero de militancia de Hermosilla. Ambos se conocían hace un tiempo, incluso, en su periodo como alcalde, Espíndola nombró a Hermosilla como Directora de Seguridad, previo a su llegada al Juzgado.
El sumario consignó que Espíndola transgredió el principio de probidad administrativa y de las obligaciones y prohibiciones funcionarias.
