A casi un año de que fuera condenado por el delito de estafa a vigilancia por parte de Gendarmería de Chile, el exconstituyente Rodrigo Rojas Vade no ha entregado información respecto a su profesión y domicilio. Por ello, arriesga una extensión de su condena o una revocación de la pena sustitutiva.
Hace casi un año, precisamente el 13 de febrero de 2023, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago condenó al «Pelao Vade» a 61 días de presidio menor en su grado mínimo tras un proceso simplificado, en la causa en la que se le imputó el delito de estafa. A ello, el tribunal le aplicó una pena accesoria que consistió en el pago de una multa de 11 UTM, o sea cerca de los $700 mil pesos.
Dada su buena conducta anterior, los 61 días de cárcel fueron reemplazados por la remisión condicional de la pena si se sometía a la vigilancia de Gendarmería. Sin embargo, éste no ha cumplido con las condiciones mínimas que la Ley 18.216 exige para cumplir su sanción fuera de prisión: una era certificar un domicilio ante Gendarmería y, además, informar sobre el ejercicio de alguna profesión, oficio, arte, industria o comercio como forma de subsistencia.
Estos antecedentes lo colocan hoy ante un complejo escenario, ya que arriesga que se extienda la condena o que se revoque la pena sustitutiva, debiendo ir a la cárcel.
Cabe señalar que el pasado 30 de enero, el jefe del CRS de Santiago Occidente, Juan Carlos Muñoz Amigo, elaboró un informe dirigido al tribunal de justicia. En éste asegura que, “al efectuar el ingreso al cumplimiento de la pena con fecha 23/02/2023 se le indicó un plazo para presentar la documentación. A la fecha actual el penado no ha dado cumplimiento a lo solicitado”.
“Desde el ingreso al cumplimiento de la pena impuesta, no registra inasistencia a los controles mensuales”, agrega el escrito de Muñoz.
