Una radiografía elaborada por el Centro de Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica reveló que entre 2015 y 2022 se registraron más de 33 mil faltas administrativas graves y 70 mil licitaciones irregulares en 342 municipalidades del país. El estudio, a cargo del investigador Martín Ordóñez, distingue entre tipos de corrupción según el perfil de cada comuna: en las zonas rurales predominan los errores administrativos, mientras que en las comunas urbanas con más presupuesto se concentran las malas prácticas en compras públicas.
Las faltas graves detectadas por la Contraloría General de la República se vinculan con municipios que tienen plantas funcionarias pequeñas y escasa capacidad técnica. “La precariedad institucional puede hacer que las faltas se deban tanto a malas prácticas como al desconocimiento”, señaló Ordóñez. En contraste, las licitaciones no competitivas, muchas de ellas adjudicadas a un solo oferente o con plazos abreviados, fueron más frecuentes en comunas con altos ingresos y estructuras administrativas complejas.
El análisis concluye que las variables políticas —como la duración del alcalde en el cargo o la composición del concejo— no influyen directamente en los niveles de corrupción, lo que sugiere que las causas son más bien estructurales. Además, se detectó una correlación entre baja organización comunitaria y mayor riesgo de prácticas irregulares. “La sociedad civil activa puede cumplir un rol fiscalizador, pero muchas veces no se traduce en castigo electoral”, advierte el autor.
El estudio también destaca que, pese a las variaciones anuales, no se observan cambios sustanciales en las dinámicas de corrupción en el período analizado. Sí se reporta un aumento de licitaciones poco competitivas hacia el final del tramo, aunque aún sin una tendencia definida. La investigación se detuvo en 2022 debido a que muchos informes de auditoría posteriores aún no están concluidos.
