La tragedia que enluta a Recoleta sacudió a todo Chile el pasado lunes, cuando un furgón escolar fue impactado a alta velocidad por delincuentes que huían tras robar un celular, provocando la muerte de Esteban Hermosilla, un menor de tan solo 12 años. Lo que inicialmente parecía un robo aislado comenzó a dibujar un panorama mucho más complejo: según señaló el ministro de Seguridad, Luis Cordero, los responsables podrían formar parte de una estructura vinculada al narcotráfico barrial.
El incidente, que movilizó a vecinos y fuerzas policiales, se convirtió rápidamente en una escena caótica. Los autores del choque fueron retenidos por la comunidad antes de ser formalmente detenidos por Carabineros, y permanecen en prisión preventiva mientras avanzan las investigaciones. Sin embargo, la indagatoria no se detuvo allí: se realizaron allanamientos en distintos domicilios, que derivaron en la detención de tres ciudadanos bolivianos, presuntamente ligados a delitos de tráfico de drogas y a la misma red criminal que involucra a los primeros arrestados, según reporta La Tercera.
La magnitud del caso tomó un giro adicional tras la difusión de videos desde el interior del Centro de Detención Preventiva Santiago 1, donde internos amenazaban a los primeros detenidos con quemarlos vivos. Este hecho reabrió el debate sobre la eficacia de los inhibidores de señal en las cárceles y la seguridad dentro de los recintos penitenciarios.
En diálogo con Tele13 Radio, el ministro Cordero enfatizó que el análisis del caso debe ser integral: “Es mirar el funcionamiento sistémico de los asuntos de seguridad, que es un poco lo cual apunta a la Política Nacional de Seguridad Pública”, explicó. Agregó que los imputados contaban con antecedentes policiales relevantes, aunque curiosamente no tenían causas pendientes ni órdenes de detención activas en el sistema judicial.
“No eran simples delincuentes vinculados al robo de un celular”, advirtió Cordero. “El Ministerio Público está investigando su conexión con una red de narcotráfico barrial, y su prontuario indica participación en delitos contra la propiedad y desórdenes, lo que refleja un patrón de actividad criminal organizada”.
La investigación continúa abierta y el Ministerio Público trabaja para determinar todos los vínculos de esta red, mientras la comunidad de Recoleta exige justicia por Esteban. Este caso, trágico y complejo, pone de relieve la interacción entre la delincuencia callejera, el narcotráfico y la vulnerabilidad de los menores en medio de la violencia urbana.
