Más de la mitad de los sancionados son colombianos; las medidas incluyen revocación de residencia, órdenes de abandono, expulsiones y prohibición de ingreso.
El Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) comenzó un amplio proceso de sanciones y expulsiones contra 281 médicos extranjeros que fueron sancionados por la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) por emitir licencias médicas sin sustento, en un caso que evidencia la magnitud del fraude al sistema público y privado de salud en Chile. Más del 50% de los profesionales involucrados son colombianos, según informó el organismo.
La acción surge tras una solicitud de información de Sermig a la Suseso, en la que se detallaron los médicos extranjeros multados o suspendidos por el ejercicio profesional irregular. Con esta base, Migraciones verificó la situación migratoria de cada uno y determinó medidas diferenciadas según su estatus en el país.
Sanciones según situación migratoria
- Residencia vigente (165 personas): se inició revocación de residencia con orden de abandono, otorgando un plazo aproximado de 15 días para salir del país y prohibición de reingreso por al menos tres años.
- Solicitudes de residencia en trámite (36 personas): se dictó rechazo de la solicitud con orden de abandono.
- Situación irregular (29 personas): se activó proceso de expulsión administrativa, ejecutado por la Policía de Investigaciones (PDI) bajo custodia policial.
- Profesionales fuera de Chile (51 personas): se impuso prohibición de ingreso al país.
En todos los casos, los involucrados pueden presentar descargos ante Sermig y, si lo consideran pertinente, recurrir a la vía judicial para impugnar las decisiones.
Antecedentes del caso y magnitud del fraude
No se trata de un hecho aislado. En julio comenzó el juicio oral contra 18 imputados —10 de ellos médicos— investigados desde 2022 por integrar una red de emisión masiva de licencias médicas fraudulentas. La Fiscalía reveló que se emitieron 71.653 documentos falsos, con un perjuicio que superaría los $26 mil millones al sistema público y $1.600 millones a prestadores privados.
En 2024, como parte de esta investigación, tres ciudadanos colombianos fueron deportados por su participación en el esquema ilícito. Este caso evidencia un patrón sistemático de irregularidades que afecta directamente la integridad del sistema de salud chileno y pone en riesgo recursos públicos y privados.
Declaraciones de la autoridad
El director del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Eduardo Thayer, enfatizó que las medidas se aplican ante incumplimientos claros y que el servicio seguirá con la misma línea ante nuevos hallazgos:
“Las personas extranjeras que son un aporte al país son bienvenidas a permanecer, pero quienes incumplen la ley y vulneran las normas, como en este caso, deben ser objeto de sanciones”.
Thayer subrayó la coordinación efectiva con la Suseso, destacando que la colaboración entre instituciones estatales permite resultados concretos y rápidos. Además, recalcó que las acciones buscan enviar un mensaje claro sobre el tipo de migración que Chile espera y la que no.
Impacto y relevancia
Esta ofensiva de Migraciones se suma a las acciones previas de la Suseso, la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin) y la Contraloría, reforzando la fiscalización sobre la emisión y uso de licencias médicas.
El caso pone de relieve varias aristas: la necesidad de proteger los fondos públicos, la obligación de garantizar la legalidad en el ejercicio profesional, y el desafío de regular la presencia de profesionales extranjeros en sectores sensibles, como la salud. Además, marca un precedente en la política migratoria y sanitaria del país, reforzando que quienes violen las normas, independientemente de su nacionalidad, serán sancionados.
