El Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) decidió llevar a Codelco ante la Fiscalía y la Contraloría tras detectar graves contradicciones entre los datos operativos reales y los antecedentes técnicos entregados por la estatal. El conflicto estalló luego de analizar los reportes del estallido de roca ocurrido en 2023 en la División El Teniente, donde el organismo fiscalizador confirmó una brecha crítica entre lo que sucedía en la mina y lo informado oficialmente.
Es así como la acción legal se fundamenta en documentos que el propio Directorio de la cuprífera reconoció haber revisado, lo que obligó a la autoridad a exigir la entrega inmediata de toda la data técnica. Tras procesar estos archivos, el servicio confirmó que existen inconsistencias de magnitud, activando mecanismos legales para esclarecer si hubo un ocultamiento deliberado de información trascendental que puso en riesgo la seguridad minera del yacimiento durante este 2026.
Ante ello, Sernageomin (Servicio Nacional de Geología y Minería), detalló que «estos documentos confirman inconsistencias graves entre la realidad operativa de la mina y lo informado oficialmente a la autoridad». La entidad técnica fue categórica al señalar que no aceptará informes procesados, demandando el acceso total a los datos brutos de monitoreo sísmico y geomecánico de la faena para garantizar la transparencia.
En una reunión presencial en la Gerencia General de Codelco, el director nacional (s) del organismo, Mauricio Lorca, notificó el inicio de una revisión exhaustiva. Durante la instancia, se advirtió a la minera que no se admitirá margen alguno de desviación en el flujo de datos, bajo apercibimiento de las máximas sanciones legales si se comprueba la alteración de información técnica.
Así también, Sernageomin sentenció que «el compromiso con la seguridad minera es intransable«. El servicio destacó que la denuncia ante el Ministerio Público busca investigar la eventual comisión de delitos asociados, mientras que la acción ante la Contraloría determinará las responsabilidades administrativas y posibles faltas a la probidad por parte de los ejecutivos involucrados en el manejo de la data.
