La Contraloría General de la República detectó que funcionarios de 371 instituciones públicas —incluyendo Servicio de Impuestos Internos, Tesorería General de la República y Servicio Nacional de Aduanas— transaron casi $11.500 millones en casinos, en abierta infracción a la ley.
No es solo una irregularidad.
Es un remezón institucional.
Un cruce de datos, cifras que no calzan y montos que superan cualquier lógica salarial dejaron al descubierto un caso que golpea directamente la credibilidad del aparato público: 910 funcionarios del Estado apostaron en casinos pese a tener prohibición legal expresa.
El hallazgo fue realizado por la Contraloría General de la República, y no deja espacio para interpretaciones: casi $11.500 millones en transacciones vinculadas al juego entre enero de 2024 y junio de 2025.
LA CIFRA QUE DESATA LA CRISIS
El número total ya es impactante, pero el detalle lo es aún más:
- 910 funcionarios involucrados
- 371 entidades públicas y municipales comprometidas
- $11.490.456.871 transados en casinos
Y dentro de ese universo, un dato que enciende todas las alarmas:
- 181 personas concentran el 96,8% del total
- Es decir, más de $11.118 millones
Un grupo reducido… con movimientos gigantescos.
EL DATO MÁS GRAVE: CIFRAS QUE NO CUADRAN
Aquí es donde el caso escala.
Según la Contraloría General de la República, los montos apostados no se condicen con los niveles de remuneración de estos funcionarios.
En términos simples: gastaron —o movieron— cifras que exceden ampliamente lo que ganan.
Algunos casos individuales superan los $1.000 millones en transacciones.
No son apuestas esporádicas.
Son volúmenes sistemáticos.
¿QUIÉNES SON? FUNCIONES CLAVE DEL ESTADO EN LA MIRA
No se trata de cargos menores.
El informe identifica funcionarios de:
- Carabineros de Chile
- Policía de Investigaciones de Chile
- Fuerza Aérea de Chile
- Tesorería General de la República
- Servicio de Impuestos Internos
- Dirección del Trabajo
- Servicio Nacional de Aduanas
- Junta Nacional de Jardines Infantiles
- Diversas municipalidades del país
Y los perfiles son igualmente sensibles:
- Directivos
- Fiscalizadores
- Profesionales
- Funcionarios operativos
Muchos de ellos, directamente vinculados a manejo o custodia de recursos públicos.
LA PROHIBICIÓN: UNA NORMA QUE FUE IGNORADA
La normativa es clara.
El artículo 10, letra b), de la Ley N° 19.995 establece que los funcionarios que administran o resguardan fondos del Estado no pueden realizar ningún tipo de apuesta en casinos.
La razón es evidente: evitar conflictos de interés, riesgos financieros y eventuales conductas indebidas.
Sin embargo, aquí, la prohibición fue vulnerada masivamente.
CÓMO SE DESTAPÓ TODO: EL CRUCE DE DATOS
El hallazgo no fue casual.
La investigación se construyó cruzando información entre:
- Registros de funcionarios obligados a rendir caución (por manejar fondos públicos)
- Datos de clientes que realizaron transacciones en casinos
Información proporcionada por la Superintendencia de Casinos de Juego y operadores del sistema.
Aunque la Contraloría advirtió un punto crítico: posibles deficiencias en los datos entregados por los propios casinos.
EL TOP 20: CIFRAS QUE IMPACTAN
El informe también detalla los mayores montos individuales.
Solo los 20 funcionarios con más transacciones acumulan más de $5.392 millones.
Entre ellos hay:
- Suboficiales
- Directivos
- Fiscalizadores
- Jefaturas
Con montos que superan los $1.040 millones en un solo caso.
EL GOLPE INSTITUCIONAL: ACCIONES INMEDIATAS
El informe no quedó en diagnóstico.
La Contraloría General de la República activó una batería de medidas:
🔹 A la Superintendencia de Casinos de Juego
Para que inicie procesos sancionatorios.
🔹 A servicios públicos y municipalidades
Para que abran sumarios administrativos en un plazo de 5 días.
🔹 Al Ministerio Público
Y al Consejo de Defensa del Estado
Para investigar eventuales responsabilidades penales y civiles, especialmente en los 181 casos más graves.
MÁS ALLÁ DEL JUEGO: UNA ALERTA MAYOR
El problema no es solo apostar.
Es quiénes apostaron.
Funcionarios encargados de recursos públicos, con prohibiciones explícitas, moviendo millones en un sistema que exige probidad.
La pregunta ya no es solo administrativa. Es estructural.
CUANDO EL CONTROL FALLA
El Estado fiscaliza, pero esta vez, el problema estaba dentro.
Los números son claros. Las responsabilidades, ahora, deben definirse.
Porque cuando quienes deben resguardar recursos públicos aparecen vinculados a movimientos millonarios en casinos, la confianza no solo se erosiona: entra en crisis.
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