La Cámara de Diputados anunció este miércoles el inicio de una investigación interna tras el escándalo por licencias médicas falsas utilizadas para viajar al extranjero, pese a estar en reposo. Esta pesquisa complementaría el proceso iniciado por la Contraloría General de la República, y se centrará en cruzar los registros de permisos médicos con los de salidas del país.
El acuerdo fue adoptado tras una tensa reunión de comité, donde las bancadas acordaron llevar adelante una indagación amplia y transparente. El análisis contemplará tanto a funcionarios de planta, contrata y trabajadores del Código del Trabajo, como a los propios parlamentarios, en caso de detectarse un uso irregular de licencias.
Una vez identificados los posibles casos, se enviará una notificación directa a los involucrados. Así lo informaron los jefes de comité, quienes destacaron que el objetivo es enviar una señal clara de probidad institucional y reforzar la confianza ciudadana en las instituciones públicas.
Cabe señalar que en el Senado, ya se abrieron los primeros sumarios, lo que ha generado un debate sobre las atribuciones del Parlamento y el riesgo de posibles indemnizaciones millonarias.
Es más, catorce funcionarios están bajo la lupa en la Cámara Alta por un total de 20 licencias médicas que les habrían permitido salir del país. Estos incluyen personal de planta, a contrata y asesores parlamentarios y también la mesa directiva que ha designado a 12 fiscales para llevar a cabo estas indagatorias.
El presidente de la Corporación, el diputado José Miguel Castro (Renovación Nacional), ha manifestado la intención de unificar criterios y formas de trabajo con el Senado. «La idea es aunar criterios y formas de trabajo para que todos los resultados puedan, ojalá, salir en las mismas fechas y demos una respuesta como Congreso Nacional», incluyendo la Biblioteca Nacional y otras entidades que reciben fondos parlamentarios, explicó.
«El caiga quien caiga se va a hacer presente, vamos a hacer una investigación acuciosa y seria», agregó Castro.
El proceso quedó a cargo de la Secretaría General de la Cámara, liderada por Miguel Landeros, quien confirmó que se realizarán tres tipos de procedimientos: «Uno que afecta a quienes somos servidores públicos, agentes públicos, hay otras personas que el sistema es distinto, como son los trabajadores parlamentarios y finalmente los parlamentarios», sostuvo.
El secretario general también señaló que los congresistas no están sujetos al sistema general de la administración del Estado, pues tienen un «estatus constitucional diferente«. Por lo que se investigará «el incumplimiento irrestricto de la probidad pública».
Las sanciones podrían implicar que el o la parlamentaria sea enviado a la comisión de ética. La Cámara, sin embargo, no puede cesar a un diputado del cargo, es el Tribunal Constitucional el que se pronuncia sobre inhabilidades, incompatibilidades y causales de cesación.
Y, ¿QUÉ DICE LA ASOCIACIÓN DE FUNCIONARIOS?
Estas medidas han suscitado críticas por parte de la Asociación de Funcionarios y Trabajadores Parlamentarios, que ha argumentado que las cámaras del Congreso carecen de las atribuciones legales para llevar a cabo este tipo de investigaciones.
Además, han solicitado que se regularice la situación laboral de muchos funcionarios y asesores que, según denuncian, trabajan en un «limbo» de precariedad.
En una vocería, el presidente de la asociación, Bastián Espinoza, afirmó que están de acuerdo con que se investigue «caiga quien caiga», pero enfatizó que esto debe hacerse «bien y con las normas claras» para evitar un eventual perjuicio fiscal derivado del pago de indemnizaciones.
El dirigente cuestionó específicamente las atribuciones de fiscalización del Senado, advirtiendo que un despido incorrecto podría generar costos significativos para el erario público.
«Las investigaciones que se anuncian tienen que venir de la mano con atribuciones reales. En el caso del Senado yo me pregunto dónde están las atribuciones de fiscalización del Senado. Nosotros queremos que se investigue y para que se investigue tienen que haber atribuciones legales», dijo Espinoza.
«Por supuesto, aquí no hay funcionarios ni de primera ni de segunda ni grupos privilegiados, pero hagámoslo con atribuciones, ¿saben por qué? Porque el día de mañana, y tal como ha pasado especialmente en el Senado, esto puede significar un costo para el fisco, porque se tienen que pagar indemnizaciones por despedir mal», alertó.
