Publicada hoy en el Diario Oficial, la Ley 21.780 marca un hito en la modernización del sistema judicial chileno, al crear el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensa de Víctimas, que fortalecerá la atención jurídica gratuita y la protección de las personas afectadas por delitos en todo el país.
NUEVO MODELO DE ACCESO A LA JUSTICIA
El nuevo servicio unifica la asistencia judicial y la atención de víctimas en una sola institución pública, simplificando los procesos y mejorando la calidad de la atención. A través de la creación de la Defensoría de las Víctimas de Delitos, se brindará apoyo jurídico y psicosocial integral, especialmente en casos de delitos violentos, reforzando el rol del Estado en materia de seguridad ciudadana.
La ley también promueve la resolución colaborativa de conflictos, incorporando la mediación familiar obligatoria para evitar la sobrecarga en los tribunales y fomentar acuerdos directos entre las partes. Asimismo, contempla asistencia jurídica especializada en áreas como niñez, adultos mayores, derechos laborales y derechos humanos.
Otro aspecto clave es la fijación de estándares de calidad y control en la atención, junto con la creación de centros de atención en cada comuna o agrupación de comunas donde existan tribunales. Además, el servicio implementará plataformas remotas para garantizar cobertura permanente en todo el territorio nacional.
La puesta en marcha será gradual, iniciando dentro de 18 meses desde la publicación de la ley, comenzando por la zona norte, desde Arica hasta Valparaíso.
Con esta iniciativa, el Estado busca asegurar un acceso equitativo y eficiente a la justicia, fortaleciendo la defensa de las víctimas y consolidando un sistema judicial más moderno, inclusivo y centrado en las personas.
