Acompañado por su pareja y un grupo de adherentes, el exalcalde de Recoleta busca rebajar su medida cautelar en el marco del Caso Farmacias Populares. Mientras su defensa solicita el arresto domiciliario nocturno, la Fiscalía se prepara para un juicio donde arriesga hasta 18 años de cárcel.
El clima en las afueras del Centro de Justicia se encendió esta mañana con la llegada de Daniel Jadue. El exjefe comunal, militante del Partido Comunista y figura clave de la izquierda chilena, comparece este viernes ante el tribunal para una revisión crucial de sus medidas cautelares, tras cumplir 18 meses bajo arresto domiciliario total.
El apoyo en la calle
Bajo las consignas de “Liberar al alcalde popular” y “Jadue es inocente”, un grupo de seguidores se apostó en el ingreso del recinto judicial. Los manifestantes, que portaban banderas del PC y de Palestina, escoltaron el ingreso del exalcalde, quien llegó acompañado por su pareja, Anjuli Tostes. Pese a la expectación mediática, Jadue optó por el silencio y no entregó declaraciones a la prensa antes de entrar a la audiencia.
La estrategia de la defensa
El equipo jurídico del exalcalde busca dar un giro a la situación procesal que lo mantiene recluido en su hogar desde hace un año y medio. La defensa argumenta que las condiciones actuales permiten rebajar la intensidad de la cautelar, solicitando que se decrete arresto domiciliario nocturno o, en el escenario más optimista para el imputado, un simple arraigo nacional.
Cabe recordar que Jadue se encuentra formalizado por una serie de delitos de corrupción vinculados a la gestión de la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp):
- Fraude al fisco
- Cohecho
- Estafa
- Negociación incompatible
Cuenta regresiva para el juicio oral
Independiente del resultado de esta jornada, el camino judicial de Daniel Jadue ya tiene una fecha clave en el calendario: el 9 de junio a las 09:00 horas. Ese día se realizará la audiencia de preparación de juicio oral en el Tercer Juzgado de Garantía.
La fiscalía mantiene una postura firme, solicitando penas que suman un total de 18 años de presidio, lo que convierte a este proceso en uno de los casos de probidad administrativa más emblemáticos de los últimos años.
