Durante el último año, un esfuerzo silencioso pero constante ha recorrido cementerios de todo Chile en busca de rastros de personas detenidas desaparecidas durante la dictadura militar.
La investigación de CIPER revela que estos trabajos, enmarcados en el Plan Nacional de Búsqueda de la Subsecretaría de Derechos Humanos, han tenido lugar en camposantos de al menos ocho regiones del país, incluyendo el Cementerio N° 3 de Iquique, el Cementerio de Pisagua, el Cementerio General de Santiago, y otros en Valparaíso, Copiapó, Mulchén, Nueva Imperial, Valdivia y Punta Arenas.
Las diligencias combinan exploraciones del subsuelo, excavaciones arqueológicas y revisión de archivos históricos, todas bajo la supervisión judicial y con la presencia de familiares de las víctimas.
Según informó la Subsecretaría de Derechos Humanos a CIPER, “en algunos casos se han registrado hallazgos que han sido periciados por el Servicio Médico Legal, con el fin de esclarecer las circunstancias de la desaparición de las víctimas”.
La memoria oculta en los cementerios
Uno de los hitos recientes ocurrió en mayo de este año, cuando Paulina Zamorano, jefa del Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, solicitó al Cementerio General de Santiago toda la documentación de inhumaciones comprendidas entre el 11 de septiembre de 1973 y el 30 de abril de 1974. La directora del camposanto, Gianinna Repetti, explicó a CIPER que fue necesario destinar personal a escanear miles de documentos de archivo, tarea que se prolongó por meses y culminó en agosto. Los registros indicaron que aproximadamente 17.560 personas fueron sepultadas durante ese periodo crítico.
Pero Santiago no ha sido el único lugar donde la búsqueda ha dejado huella. En Tarapacá, el Cementerio N° 3 de Iquique fue escenario de diligencias con apoyo del Servicio Médico Legal el pasado 2 de septiembre. Meses antes, el 8 de agosto, se habían concluido trabajos similares en el Cementerio de Pisagua, ordenados por el ministro en visita Sergio Troncoso. Estas intervenciones buscan no solo localizar restos, sino también reconstruir historias silenciadas por décadas.
Casos emblemáticos y hallazgos recientes
En Valparaíso, las diligencias en el Cementerio N° 3 de Playa Ancha se enfocaron en el sacerdote y militante del MAPU, Michael Woodward Iribarry, detenido por la Armada, torturado y fallecido en el Hospital Naval en septiembre de 1973. Su cuerpo fue sepultado clandestinamente en el panteón, y hoy es objeto de investigaciones para su identificación y entrega a familiares. Desde 2020, la Corporación Municipal de Valparaíso ha recibido múltiples solicitudes para colaborar en este tipo de investigaciones relacionadas con violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.
En Atacama, las investigaciones se centran en el cementerio de Copiapó, ligado a la llamada “Caravana de la Muerte, episodio Copiapó”. Allí, desde 2021, se han desarrollado campañas de búsqueda coordinadas por el Equipo Chileno de Antropología Forense y Derechos Humanos, tras el hallazgo de osamentas en el patio 16 del camposanto.
Asimismo, se realizan diligencias en Nueva Imperial, Valdivia y Punta Arenas, donde la seremi de Justicia y Derechos Humanos, Michelle Peutat, confirmó en agosto de 2024 que se mantiene abierta una investigación sobre una presunta víctima sepultada en el cementerio municipal de la región, información que por seguridad se mantiene confidencial.
Un proceso de justicia y memoria
Estas investigaciones no solo buscan restos humanos: son un ejercicio de memoria histórica y justicia pendiente. Cada hallazgo periciado por el Servicio Médico Legal representa un paso hacia la identificación de víctimas, el esclarecimiento de sus historias y la entrega de información a familiares que esperan respuestas desde hace décadas.
La labor de recuperación y documentación en cementerios como los de Iquique y Pisagua evidencia el compromiso del Estado con la verdad y el derecho de las familias a conocer el destino de sus seres queridos, consolidando un proceso que combina ciencia forense, archivo histórico y justicia.
Como subraya la Subsecretaría de Derechos Humanos, el objetivo es que cada excavación, cada hallazgo y cada archivo revisado aporte al reconocimiento de la memoria de las víctimas de desaparición forzada en Chile.
