EMPRESARIOS ALERTAN DE UNA «CATÁSTROFE» ECONÓMICA INMINENTE TRAS CINCO SEMANAS DE BLOQUEOS EN BOLIVIA
La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) exigió «decisiones inmediatas» ante el colapso financiero provocado por las protestas que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Las pérdidas industriales ya superan los 1.920 millones de dólares.
La estabilidad social y económica de Bolivia se encuentra en un punto de no retorno. Tras más de cinco semanas consecutivas de paralización y bloqueos de carreteras en distintas regiones del país, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) emitió una dramática alerta pública, advirtiendo sobre el deterioro acelerado del aparato productivo y señalando que miles de empresas enfrentan un riesgo real e inminente de colapso definitivo.
La mayor patronal de la nación andina manifestó mediante un comunicado oficial su «profunda preocupación y alarma ante el sostenimiento injustificado de los bloqueos», asegurando que la gravedad de la crisis amenaza con arrastrar al país hacia «un escenario de consecuencias imprevisibles». Ante este panorama, el gremio empresarial exigió de manera tajante «decisiones inmediatas» a las autoridades políticas para evitar que la economía entre en una «situación de catástrofe».
Pérdidas multimillonarias y un daño que durará años
El impacto financiero de los conflictos ya es catalogado como histórico por los gremios especializados. De acuerdo con los catastros y estimaciones de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), las pérdidas acumuladas tras 32 días de conflicto ya superan los 1.920 millones de dólares.
Sin embargo, lo que más preocupa al sector privado es el efecto a mediano y largo plazo. Desde la CEPB alertaron que las facturas de esta crisis no terminarán cuando los manifestantes levanten las barricadas:
«Los costos de esta crisis no terminarán cuando cesen los bloqueos y se extenderán durante meses e incluso años, con severos efectos sobre el empleo, los ingresos de las familias, la inversión y las posibilidades de recuperación económica del país», señalaron los empresarios.
Inacción gubernamental y nula voluntad de diálogo
En su fuerte pronunciamiento, los empresarios privados apuntaron dardos en dos direcciones, lamentando la «preocupante ausencia de voluntad de diálogo por parte de los dirigentes que promueven las medidas de presión» y, en paralelo, criticando con dureza la «insuficiente capacidad de acción por parte de las autoridades» estatales.
A juicio de la patronal, la combinación de la intransigencia radical y la inacción del Gobierno está derivando en una vulneración creciente de los derechos fundamentales de millones de personas, debilitando de forma peligrosa la convivencia democrática y la cohesión social de los bolivianos.
Radiografía del conflicto: Desabastecimiento y crisis política
Las protestas, que comenzaron a principios de mayo por demandas estrictamente sectoriales, sufrieron una rápida escalada política hasta convertirse en un movimiento que exige la renuncia inmediata del presidente de la República, Rodrigo Paz. Este bloque opositor está siendo impulsado de manera conjunta por:
- La Central Obrera Boliviana (COB).
- La Federación de Campesinos de La Paz ‘Tupac Katari’.
- Grupos políticos y sociales afines al expresidente Evo Morales.
Actualmente, el departamento de La Paz —sede de los poderes Ejecutivo y Legislativo— se alza como la zona cero del desastre, sufriendo un severo desabastecimiento de alimentos, combustibles, medicamentos y oxígeno medicinal debido al corte total de rutas. En las últimas dos semanas, la crisis se ramificó peligrosamente extendiéndose a otras seis regiones de Bolivia.
Un país sin vías de escape
La opción del diálogo y de las soluciones pacíficas parece completamente empantanada. Durante el mes de mayo, el Gobierno intentó abrir «corredores humanitarios» con apoyo de contingentes de la Policía y militares para permitir el paso de insumos básicos; sin embargo, estas operaciones derivaron en violentos enfrentamientos con los manifestantes y disturbios generalizados, por lo que las autoridades desistieron de nuevos intentos de desbloqueo.
Pese a los esfuerzos e iniciativas de mediación promovidas por una comisión especial del Poder Legislativo, la Iglesia católica, la Defensoría del Pueblo y diversos activistas de derechos humanos, ninguna negociación ha prosperado. Los sectores movilizados mantienen una postura intransigente, asegurando que la única vía para deponer las presiones en las carreteras es que el presidente Rodrigo Paz deje efectivamente su cargo.
