Más de 6 mil millones en recursos públicos, licitaciones desiertas, vínculos políticos y una investigación en curso. La Contraloría puso bajo la lupa a la ONG Trekan, señalada por un explosivo aumento de fondos durante la actual administración. Parlamentarios advierten que el caso podría ser “el nuevo escándalo de los convenios”.
El número estremece: más de 6 mil millones de pesos. Detrás de esa cifra, un nombre empieza a repetirse en los pasillos del poder: ONG Trekan. En apariencia, una organización dedicada a causas sociales. En la práctica, el epicentro de una trama de dineros públicos, licitaciones desiertas y vínculos políticos que hoy tienen a la Contraloría General de la República (CGR) con los reflectores puestos sobre el corazón del Gobierno.
La decisión de abrir una investigación especial no llegó sola ni por casualidad. Todo comenzó con una denuncia de la diputada Paula Labra (RN), y se encendió con la publicación de un reportaje de BBCL Investiga, que expuso con detalle cómo esta organización pasó, en apenas tres años, de recibir medio millar de millones de pesos a manejar casi dos mil millones anuales en convenios estatales.
De las buenas intenciones al festín presupuestario
El Registro Central de Colaboradores del Estado no miente:
- En 2020, la ONG Trekan recibió $507 millones.
- En 2021, la cifra bajó a $394 millones.
- Pero desde 2022 en adelante, el salto fue meteórico: $874 millones, $1.582 millones y finalmente $1.965 millones en 2024.
Un crecimiento que no solo despierta sospechas, sino que pone en evidencia un patrón: el dinero público fluye, pero las respuestas no.
El SernamEG, uno de los principales servicios asociados a Trekan, ha transferido más de $2.200 millones durante esta administración, con programas centrados en la violencia contra las mujeres. A eso se suman $998 millones de la Subsecretaría de la Niñez y $689 millones del Ministerio de Desarrollo Social y Familia (MIDESO).
Pero el caso que detonó las alarmas ocurrió en Punta Arenas. Una licitación para el “Plan Habitabilidad 2022” fue declarada desierta: ninguna institución alcanzó el puntaje mínimo. Aun así, Trekan terminó recibiendo el proyecto, esta vez a través de un trato directo. Para la oposición, un atajo irregular. Para el Gobierno, una “solución administrativa”.
El eco político: vínculos, nombres y silencios
En el ojo del huracán se encuentra Jonatán Fuentealba, presidente del directorio de la ONG, hermano de Isaac Fuentealba, exasesor del exvicepresidente de la Convención Constitucional, Jaime Bassa, y excandidato del Frente Amplio en Viña del Mar.
“Es perfectamente plausible que este sea un nuevo caso convenios”, advirtió la diputada Labra, celebrando la apertura de la investigación de la Contraloría como “una buena noticia para la transparencia”.
La denuncia subraya que los lazos entre los hermanos Fuentealba y figuras del oficialismo no pueden pasar inadvertidos. Sin embargo, desde la ONG se defienden con firmeza: aseguran que no existe militancia política, que los contratos han sido licitados públicamente y que la participación de Isaac Fuentealba es nula.
La Contraloría entra en escena
El oficio firmado por la CGR fue categórico: los traspasos de fondos serán objeto de una investigación especial a cargo de la División de Fiscalización. La entidad promete resultados “oportunos y públicos”.
Fuentes del organismo indican que el análisis incluirá todas las transferencias realizadas desde 2020, con foco en los mecanismos de adjudicación, ejecución y rendición de gastos.
Mientras tanto, en los ministerios involucrados se instala la tensión. Algunos funcionarios reconocen —en voz baja— que los convenios con organizaciones pequeñas se multiplicaron tras el cambio de gobierno, sin un control proporcional.
Una trama que podría escalar
La investigación de Contraloría no solo busca aclarar el destino de los 6 mil millones, sino también si hubo trato preferencial, uso político de fondos sociales o eventuales irregularidades administrativas.
Desde el Congreso, varios parlamentarios piden extender el escrutinio a otras ONG que recibieron aumentos similares, temiendo que lo de Trekan sea solo la punta del iceberg.
“Cuando el dinero público cambia de manos sin control, el daño no es solo financiero: es ético”, señaló un integrante de la comisión de Transparencia.
La delgada línea entre ayuda y abuso
La historia de Trekan aún se escribe. Por ahora, la organización insiste en su inocencia; el Gobierno, en la legalidad de los procesos; y la Contraloría, en que nadie está por encima del escrutinio público.
Pero más allá de los oficios, informes y declaraciones, la pregunta flota como una sombra en Valparaíso y en La Moneda: ¿cuántas otras ONGs podrían estar viviendo su propio auge silencioso, bajo la cobertura de los convenios sociales?
Fuente: Investigación original de Bío Bío Chile / BBCL Investiga.
