La iniciativa que endurece las sanciones contra el transporte informal fue aprobada en el Senado y solo resta que la Cámara Baja tome conocimiento para convertirse en ley. La medida busca frenar el fraude y los cobros abusivos que se multiplican en aeropuertos y terminales, donde operan redes de conductores y “enganchadores” que captan pasajeros fuera del sistema legal.
Crónica de un viaje que podría tener fin
En los pasillos del Congreso, el eco de los votos resonó como una bocina que anuncia un cambio en las calles. Con 21 votos a favor, uno en contra y una abstención, el Senado aprobó el proyecto que busca terminar con un fenómeno que ha crecido a la sombra del descontrol: el transporte informal de pasajeros. Una práctica que se ha vuelto común en los aeropuertos, terminales y zonas turísticas del país, donde las promesas de “traslados rápidos y baratos” terminan muchas veces en estafas, cobros inflados o servicios inseguros.
Chile se alista para ponerle fin a esa ruta sin control.
El proyecto fortalece las facultades del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, entregándole nuevas herramientas para fiscalizar y sancionar con severidad tanto a quienes conducen como a los dueños e intermediarios que lucran con el transporte ilegal.
Fraudes, cobros excesivos y “caza” de turistas
El problema no es nuevo. Desde hace años, los turistas —sobre todo quienes arriban al aeropuerto Arturo Merino Benítez— denuncian ser víctimas de conductores que cobran tarifas hasta tres veces más altas que las autorizadas.
A ello se suma un entramado de intermediarios que operan como verdaderos “cazadores” de pasajeros, ofreciendo viajes que parecen convenientes hasta que se convierten en pesadilla: cobros en dólares, vehículos sin seguro, trayectos alterados o incluso abandono en plena ruta.
“Esta práctica ha dañado la confianza de los usuarios y afecta también a los conductores formales que cumplen con todas las exigencias legales”, enfatizó el senador Alejandro Kusanovic, presidente de la Comisión de Transportes, al explicar la urgencia de aprobar la medida.
Multas, suspensiones y sanciones ejemplificadoras
La nueva normativa no deja espacio para interpretaciones:
- Quienes operen vehículos no habilitados para el transporte remunerado de pasajeros arriesgarán multas que van desde 10 a 100 UTM, y hasta 200 UTM en caso de reincidencia.
- Los conductores que, sin ser propietarios, participen en este tipo de servicios, podrán recibir multas entre 5 y 50 UTM, además de la suspensión de la licencia de conducir por períodos que van de 15 a 90 días, dependiendo de la gravedad y repetición de la infracción.
- Y los intermediarios o captadores —aquellos que conectan a pasajeros con vehículos ilegales— enfrentarán sanciones de 5 a 50 UTM, duplicables si reinciden en un lapso de tres años.
El mensaje es claro: quien participe del transporte informal, pagará caro.
Un país que busca orden en sus calles
El Ministerio de Transportes podrá desde ahora desplegar una fiscalización más agresiva, con inspectores y carabineros actuando en conjunto para detectar y sancionar estos servicios.
El objetivo es simple pero ambicioso: proteger a los pasajeros y dignificar el trabajo de quienes cumplen con la ley.
El proyecto, que ahora solo espera el trámite de conocimiento en la Cámara de Diputados para convertirse oficialmente en ley, representa un giro de timón en la manera en que Chile enfrenta la informalidad en sus carreteras y terminales.
Una ley que cambia el mapa del transporte
Con esta aprobación, el Congreso pone sobre la mesa un mensaje que resuena más allá de las fronteras del transporte: no habrá espacio para la improvisación cuando la seguridad y el dinero de los ciudadanos están en juego.
El país busca una nueva ruta —una donde la confianza y la legalidad conduzcan cada viaje, desde el aeropuerto hasta el último paradero.
