En plena madrugada, el ministro de Hacienda anunció que el reavalúo fiscal no entrará en vigencia en 2026, sino en 2027, transformándose en la pieza decisiva que permitió avanzar el Presupuesto. El aplazamiento responde a la necesidad de ajustar cálculos, incorporar observaciones de municipios y reducir el impacto en la recaudación territorial.
Fue pasada la medianoche, cuando el Senado aún seguía respirando la tensión acumulada de una jornada que empezó en plena mañana y terminó con café frío, rostros cansados y un anuncio que movió los cimientos de la discusión presupuestaria: el reavalúo fiscal de bienes raíces no agrícolas —que debía comenzar a regir en enero de 2026— no ocurrirá. Se posterga un año entero, hasta el 2027.
Un giro silencioso, pero determinante. Una maniobra fina, negociada en pasillos, que terminó por convertirse en la bisagra política que permitió que el Presupuesto 2026 avanzara entre acuerdos, recriminaciones y madrugadas eternas.
La noticia no cayó como una cifra técnica más. El reavalúo fiscal es el corazón del cálculo territorial del país: define cuánto valen las propiedades ante el Estado y, por lo mismo, cuántas contribuciones pagan millones de familias, Pymes, adultos mayores y municipios.
Suspenderlo significa alterar la recaudación, mover pronósticos, abrir espacio político y comprar tiempo para “perfeccionar la metodología”, según la versión oficial.
Y así, en un hemiciclo que ya mezclaba cansancio real con nerviosismo político, llegó el anuncio que descomprimió la noche:
“Lo vamos a aplazar en la Ley de Reajuste. El reavalúo no va en enero de 2026, sino en enero de 2027”, confirmó el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, ante la prensa que había esperado más de 14 horas para obtener esa respuesta.
Una discusión que ardía desde antes
La polémica venía encendida desde hace semanas.
Ya la había adelantado el exministro Mario Marcel, quien —en medio de presiones políticas, críticas al impuesto territorial, debates presidenciales y la salida del exdirector del SII, Javier Etcheberry— había abierto la puerta al aplazamiento.
El motivo era uno solo: el proceso de reavalúo estaba en marcha, pero no listo.
Y los municipios, contribuyentes y organizaciones de Pymes habían advertido que el ajuste de valores podría golpear más de la cuenta en un contexto económico aún frágil.
Marcel lo había explicado así:
“El proceso va a poder extenderse por un año más para perfeccionar los mecanismos de cálculo, incorporar retroalimentación de municipios y contribuyentes, y asegurar que el nuevo avalúo tenga legitimidad”.
Ese razonamiento —que flotaba desde entonces como una nube cargada de tensión fiscal— terminó anoche convirtiéndose en la llave del acuerdo presupuestario.
La madrugada en que el Presupuesto 2026 finalmente avanzó
Cuando el reloj marcaba las 2:17 de la mañana, el Senado cerró la votación de las últimas partidas. El presidente de la Corporación, Ricardo Lagos Weber, anunció el despacho a la Cámara, y con ello se selló una jornada que combinó:
– partidas aprobadas tras intensas negociaciones,
– recursos reincorporados,
– rechazos que generaron molestia,
– y la postergación del proceso de reavalúo, operada como una pieza de ajedrez clave para destrabar la negociación.
El ministro Grau parecía exhausto, pero satisfecho. Sonreía lo justo.
Había logrado que las 33 partidas fueran aprobadas, un avance enorme considerando que, hace apenas días, varias estaban totalmente rechazadas en la Comisión Mixta.
“Estamos contentos, porque esto es fruto del diálogo”, dijo al llegar al punto de prensa.
Enumeró logros: más recursos para salud primaria rural, becas TIC, Junaeb, aumento de subsidios de vivienda, aportes a Contraloría, refuerzos al plan habitacional, promoción de pisco y vino, apoyo a la selección de rugby.
Pero el golpe principal ya había sido entregado: el reavalúo no va ahora.
No en enero.
No en 2026.
Se empuja al 2027, en la Ley de Reajuste del Sector Público.
Por qué importa tanto esta postergación
Porque el reavalúo no es un tecnicismo.
Es una operación que ACTUALIZA el valor fiscal de casi todas las propiedades del país.
Y ese valor determina cuánto se paga en contribuciones.
Un ajuste brusco habría significado:
– más presión para hogares de clase media,
– mayor carga para Pymes que arriendan o poseen locales,
– tensiones entre municipios y Hacienda por la recaudación territorial.
La decisión de postergar un año baja la temperatura de ese conflicto, pero también deja preguntas abiertas:
– ¿Cuánto se dejará de recaudar?
– ¿Cómo se ajustará el balance estructural recomendado por el Consejo Fiscal Autónomo?
– ¿Se compensará de alguna manera la postergación?
– ¿Por qué aplazar ahora un proceso que el SII esperaba ejecutar desde hace meses?
Las respuestas, prometen en Hacienda, vendrán en el proyecto de reajuste.
La trastienda de una madrugada que definió un año
Mientras los parlamentarios salían del hemiciclo con la vista agotada, los periodistas rodeaban al ministro Grau.
Uno preguntó por cultura; otro, por los sitios de memoria; otro, por la glosa republicana; otro, por asignaciones a expresidentes.
Grau respondía uno por uno, con calma quirúrgica.
Pero lo que en realidad había ordenado la jornada, lo que movió acuerdos y permitió cerrar la sesión, era esa frase escondida entre líneas:
“El reavalúo se aplaza”.
En política fiscal, esas cuatro palabras valen oro.
O valen —según cuánto recaude el Estado— millones de dólares.
Lo que viene ahora
El Presupuesto 2026 pasó al tercer trámite en la Cámara de Diputados.
Allí se intentará reponer lo rechazado y afinar los detalles finales.
En paralelo, el Gobierno ingresará la Ley de Reajuste, donde se formalizará la postergación del reavalúo, tal como se pactó con los senadores.
Será entonces cuando se verá:
– cómo se justificará técnicamente,
– cómo se compensará fiscalmente,
– y cómo se explicará políticamente una decisión que toca de lleno el impuesto territorial.
Lo único seguro es que la madrugada del Senado ya dejó su huella: el reavalúo fiscal no marcará el 2026. Y ese cambio, discreto pero contundente, ya reescribió el mapa tributario del próximo año.
