Mientras el país decidía su futuro en las urnas, otro proceso se desarrollaba en silencio, lejos de los locales de votación y entre pasillos de centros comerciales, cajas registradoras y llamados telefónicos de alerta. Fue ahí donde la Dirección del Trabajo (DT) salió a recorrer el territorio como un árbitro incómodo, pero necesario.
El resultado fue contundente: 20 multas cursadas y 42 turnos laborales suspendidos por infringir derechos básicos de trabajadores en plena jornada electoral.
Fiscalización en terreno: el otro conteo del día
Desde primeras horas del domingo, inspectores de la DT desplegaron 80 fiscalizaciones a lo largo del país, combinando recorridos aleatorios por polos comerciales con inspecciones activadas por denuncias ciudadanas ingresadas a través del Canal de Atención Telefónica.
El foco estuvo claro: resguardar el derecho a voto y hacer cumplir el feriado obligatorio para quienes trabajan en malls y strip centers. No todos pasaron la prueba.
Las faltas que costaron caro
El balance dejó cifras que hablan por sí solas:
- 12 sanciones fueron aplicadas a empleadores que no otorgaron el permiso mínimo de tres horas para votar, acumulando multas por más de $4 millones.
- 8 multas adicionales castigaron a empresas que ignoraron el feriado legal obligatorio, elevando el monto de sanciones a casi $15 millones.
Pero la fiscalización no se quedó solo en el papel.
Turnos suspendidos: cuando la ley bajó la cortina
Como medida inmediata, la DT ordenó suspender los turnos de 42 trabajadores, quienes no debían estar cumpliendo funciones ese día.
La distribución regional dejó en evidencia que la infracción fue transversal:
- Región de O’Higgins: 24 trabajadores
- Región Metropolitana: 9
- La Araucanía: 5
- Bío Bío: 4
Un recordatorio concreto de que el feriado electoral no es opcional.
La voz oficial
El director (s) del Trabajo, Sergio Santibáñez, fue directo al evaluar la jornada:
“Siempre esperaríamos no tener que sancionar normas que son ampliamente conocidas. Sin embargo, estuvimos desde temprano recibiendo denuncias y fiscalizando en todo el país. Cumplimos con el rol que nos corresponde”.
Lo que sí funcionó
En medio del rigor, hubo una señal positiva: no se registraron denuncias por obstáculos al cumplimiento de deberes electorales como vocalías de mesa, participación en colegios escrutadores o labores como delegados de la Junta Electoral.
Mientras Chile votaba, la ley laboral también fue puesta a prueba. Y este domingo dejó una lección clara: el derecho a sufragio no se negocia, no se posterga y no se multa sin consecuencias.
