La Fiscalía reveló audios claves que exponen cómo operaba una red de corrupción al interior de Gendarmería, mientras este lunes 22 de diciembre continúa la audiencia de formalización donde se solicita prisión preventiva para 62 imputados y arresto domiciliario para seis civiles vinculados a los llamados “manilleros”, quienes ingresaban celulares, visitas y mercancía ilícita a las cárceles.
Cuando las paredes de Gendarmería deberían hablar de seguridad, disciplina y custodia, en cambio, se escuchan voces que se burlan del sistema que juraron defender. En la penumbra de una sala judicial del 12° Juzgado de Garantía de Santiago, la Fiscalía Metropolitana Occidente descorrió este domingo parte del telón más oscuro de la Operación Apocalipsis: audios que no solo evidencian corrupción, sino un sistema carcelario penetrado por un comercio ilegal que operaba con cifras, tarifas y códigos propios de mercado negro.
“Quedó la cagada”: el audio que dejó sin palabras a la corte
“Malas noticias, pillaron a un venezolano con un celular adentro y nosotros lo habíamos hecho pasar… quedó la cagada”, dice una voz masculina en uno de los audios reproducidos ante el tribunal, en una grabación que desnuda el modo de operación de los llamados manilleros: intermediarios que facilitaban el ingreso de objetos prohibidos dentro de los penales.
En otra intervención escuchada por los jueces, una mujer discute con alguien identificado como un funcionario policial: “Lo que pasa es que subieron todos los precios, estoy peleando con ellos… por la mercadería me estaban cobrando dos gambas y media.”
La crudeza de las declaraciones no solo provocó asombro, sino que abrió una ventana a un mercado clandestino instalado en el corazón de recintos como Santiago 1 y San Joaquín, donde la corrupción no era un rumor, sino una actividad cotidiana y lucrativa.
El negocio carcelario: tarifas, teléfonos y una economía paralela
Según la Fiscalía, los manilleros tenían un “tarifario” bien definido: cobraban dinero por introducir desde celulares hasta alimentos y visitas irregulares a los internos, que vulneraban todos los protocolos establecidos. Esta red penetró a lo largo de la cadena, desde servidores penitenciarios hasta quienes coordinaban externamente.
Los fiscales han relatado cómo funcionaba este comercio:
- visitas irregulares costaban decenas de miles de pesos,
- combos de comida tenía su propio precio,
- y hasta 350 mil pesos se pagaban por un teléfono celular introducido de manera clandestina.
Son miles de transacciones y conversaciones interceptadas a lo largo de meses de investigación, y cerca de 9 mil registros que documentan la compra y venta de bienes ilícitos dentro de los penales.
Una red más amplia de lo que se pensaba
La Operación Apocalipsis no es un caso aislado ni menor. La Fiscalía Metropolitana Occidente llevó esta investigación como una de las tramas de corrupción más graves en la historia del sistema penitenciario chileno, con al menos 70 imputados, entre gendarmes y civiles, que serán formalizados en audiencias que se proyectan para durar más de dos semanas.
De estos, 47 son funcionarios de Gendarmería y 23 son civiles que cumplieron roles estructurales dentro de la red. La organización habría funcionado en nueve agrupaciones criminales con nombres propios, códigos internos y líderes identificados.
Fiscalía exige prisión preventiva: ¿un golpe al corazón del sistema?
Ante el tribunal, la Fiscalía pidió prisión preventiva para 62 de los acusados, cifra respaldada por la inmensidad de las pruebas recabadas, entre ellas miles de horas de escuchas telefónicas y vídeos que muestran el ingreso irregular de encomiendas a los penales.
Asimismo, se solicitó arresto domiciliario total para otros seis imputados, quienes ocupaban funciones clave como los mismos manilleros. Hasta ahora, la justicia ya ha acogido las medidas cautelares solicitadas por el Ministerio Público, fijando un plazo de investigación de 300 días para profundizar en la compleja trama.
Fiscal Pastén: un shock para el sistema penitenciario
El fiscal regional Marcos Pastén no escondió la gravedad del caso: aseguró que los implicados habían dejado de ser simples servidores públicos para transformarse en partícipes de actividades delictuales sistemáticas, operando con “absoluta soltura y comodidad” dentro del sistema que se suponía debían custodiar.
Más aún, esta investigación ha tenido eco hasta en el Ministerio de Justicia, desde donde se han advertido públicamente que incluso el mejor equipamiento tecnológico para inhibir teléfonos celulares dentro de las cárceles puede verse socavado si los propios funcionarios están involucrados en redes de corrupción.
Una red que operaba dentro y fuera de los penales
No se trataba solo de celulares o comida irregular.
Era una economía paralela que solapaba sobornos, cohecho, asociación ilícita y tráfico de influencias, un sistema de privilegios que habría funcionado desde dentro de las cárceles hasta sus entradas y salidas.
El Consejo de Defensa del Estado incluso presentó una querella criminal en contra de los imputados, lo que eleva aún más la importancia política y judicial de la investigación.
Una audiencia que seguirá marcando historia
Este lunes 22 de diciembre se espera una nueva jornada de formalización en la que se continuará con la lectura de cargos, la exposición de defensas y la definición de medidas cautelares para los 62 imputados cuya prisión preventiva ha sido solicitada por la Fiscalía.
Mientras tanto, los audios filtrados —brutales, descarnados, casi cinematográficos— quedan como testimonio de hasta dónde puede llegar la corrupción cuando quienes deben custodiar el orden terminan convirtiéndose en sus cómplices más peligrosos.
