El capitán del Ejército José Santiago Faúndez Sepúlveda —sentenciado a 15 años de presidio efectivo por ordenar disparos con fusiles contra manifestantes durante el estallido social de 2019— aparece como el primer nombre que el gobierno del presidente José Antonio Kast evaluaría indultar. El oficial fue condenado por el delito de violencia innecesaria con resultado de muerte del ciudadano ecuatoriano Romario Wladimir Veloz Cortés y por dejar gravemente heridos a otros dos civiles, hechos ocurridos el 20 de octubre de 2019 en las inmediaciones del Mall Plaza de La Serena.
El rumor comenzó a circular en pasillos políticos, estudios de radio y chats parlamentarios poco después de amanecer. Primero fue un dato filtrado, luego un comentario en voz baja entre asesores y finalmente un nombre propio que explotó en la agenda nacional: el capitán del Ejército José Santiago Faúndez Sepúlveda.
Si el plan del gobierno se concreta, el oficial condenado por un caso emblemático del estallido social podría convertirse en el primer beneficiado con un indulto presidencial del mandatario José Antonio Kast.
Y con ello, abrir una de las primeras tormentas políticas del nuevo gobierno.
Un disparo en medio del estallido: el origen del caso
La historia que hoy vuelve a sacudir a Chile se remonta a la noche del 20 de octubre de 2019, en plena crisis social.
En las calles de La Serena, tropas del Ejército patrullaban mientras las protestas se multiplicaban en todo el país.
Esa noche, el capitán Faúndez estaba al mando de un grupo de soldados.
De acuerdo con los antecedentes judiciales, el oficial ordenó abrir fuego con fusiles cargados con munición real y de fogueo para dispersar manifestantes.
La primera ráfaga cambió todo.
Un proyectil impactó a Romario Wladimir Veloz Cortés, ciudadano ecuatoriano de 26 años, quien murió minutos después. Otros dos civiles —Rolando Alberto Robledo Vergara y César Antonio Véliz Cortés— resultaron con lesiones graves y permanentes.
El caso se transformó rápidamente en uno de los más sensibles de las causas judiciales abiertas tras el estallido social.
El fallo que marcó el destino del capitán
Tras años de investigación y juicio, la justicia chilena llegó a una conclusión.
El 7 de mayo de 2025, la Corte Suprema confirmó una sentencia que condenó al oficial a 15 años de presidio efectivo por el delito de violencia innecesaria con resultado de muerte, además de dos delitos de violencia innecesaria con lesiones graves.
La resolución fue definitiva.
El tribunal sostuvo que el uso de fuerza letal en esas circunstancias resultó injustificado.
Con la sentencia firme, Faúndez pasó a integrar la lista de uniformados condenados por hechos ocurridos durante el estallido social.
La pista del indulto
Pero seis años después de los hechos, el caso vuelve a la primera línea política.
Diversas fuentes políticas y periodísticas han señalado que el gobierno del presidente Kast evalúa utilizar la facultad presidencial de indulto, contemplada en la legislación chilena, para revisar casos de uniformados condenados por hechos ocurridos en 2019.
Y el primer expediente que estaría sobre la mesa sería precisamente el del capitán Faúndez.
Según información revelada en programas políticos y recogida por distintos medios, el análisis se haría “caso a caso”, evaluando antecedentes judiciales, informes médicos y circunstancias personales.
Entre esos antecedentes aparece un punto que ha generado debate.
El factor que podría inclinar la balanza
Durante la discusión pública del caso surgió un elemento que hoy vuelve a mencionarse en el debate político: la salud mental del oficial.
De acuerdo con antecedentes revelados por periodistas y citados por medios nacionales, Faúndez presentaba problemas psicológicos al momento de los hechos. Incluso habría intentado gestionar su salida del Ejército antes del episodio, proceso que finalmente no se concretó.
Ese dato es uno de los factores que algunos sectores consideran relevante para revisar la condena bajo una eventual medida de gracia presidencial.
Pero para otros, el argumento es insuficiente.
Reacciones: indignación, apoyo y advertencias
La eventual decisión ha comenzado a provocar reacciones intensas.
En sectores de derecha y entre asociaciones de militares en retiro, la posibilidad de un indulto es vista como un gesto de reparación hacia uniformados que —según argumentan— actuaron en un contexto extraordinario de crisis social.
En cambio, organizaciones de derechos humanos y familiares de víctimas del estallido advierten que una medida de este tipo podría interpretarse como un mensaje de impunidad.
El caso, además, revive un debate histórico en Chile: el uso del indulto presidencial en causas vinculadas a violaciones de derechos humanos o abusos de fuerza estatal.
El dilema político del nuevo gobierno
La facultad de indultar es una atribución constitucional del Presidente.
Pero cada decisión de este tipo tiene efectos políticos profundos.
En el caso del gobierno de José Antonio Kast, el eventual indulto al capitán Faúndez podría marcar el tono de su política hacia las Fuerzas Armadas y hacia los casos judiciales derivados del estallido social.
Un gesto que, según analistas, podría consolidar apoyo en ciertos sectores… y al mismo tiempo abrir una grieta política con consecuencias impredecibles.
Un nombre que recién empieza a sacudir el debate
Por ahora, el indulto no ha sido firmado.
Pero el nombre del capitán José Santiago Faúndez Sepúlveda ya circula con fuerza en la agenda pública.
Su caso reúne todos los ingredientes de una controversia nacional: un episodio trágico del estallido social, una condena judicial severa, un gobierno recién instalado y una facultad presidencial capaz de cambiar el destino de un condenado.
En Chile, donde la memoria del 2019 sigue siendo una herida abierta, una sola firma podría reactivar el debate más incómodo del nuevo ciclo político.
