EL «MODELO BUKELE» SE RADICALIZA: EL SALVADOR INSTAURA LA CADENA PERPETUA PARA HOMICIDAS, TERRORISTAS Y VIOLADORES
En una decisión que marca un punto de no retorno en su estrategia de seguridad, el gobierno salvadoreño endurece las penas máximas para frenar definitivamente el crimen organizado y los delitos de mayor connotación social, desafiando nuevamente las críticas de organismos internacionales.
En una sesión que duró apenas unas horas desde su radicación, la Asamblea Nacional de El Salvador aprobó una reforma constitucional trascendental que redefine el sistema punitivo del país. Con 59 votos a favor de un total de 60, el legislativo eliminó la prohibición histórica de las «penas perpetuas», permitiendo que criminales de alta peligrosidad permanezcan en prisión hasta el día de su muerte.
La enmienda, impulsada directamente por el presidente Nayib Bukele, sustituye el límite máximo de condena que hasta ahora era de 60 años. Según la vicepresidenta parlamentaria, Suecy Callejas, el objetivo es drástico: «Que los criminales no salgan a la calle y que cumplan su pena para siempre».
«Guerra sin cuartel» y el fin de la reinserción
El Gobierno salvadoreño ha dejado claro que no cree en la rehabilitación para los miembros de estructuras criminales. La Presidencia subrayó que pertenecer a una pandilla es un «delito continuado» que solo termina con el fallecimiento del individuo.
Al presentar la iniciativa, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, calificó a las organizaciones de derechos humanos como «demonios» y «bufetes internacionales del crimen», blindando la postura oficial frente a las críticas externas. Esta reforma llega a pocos días de cumplirse cuatro años del régimen de excepción, una medida que ha llevado a la detención de más de 91.500 personas sin orden judicial.
La mayor población carcelaria del mundo
Con esta reforma, El Salvador consolida su posición como el país con la tasa de encarcelamiento más alta del planeta: 1.700 prisioneros por cada 100.000 habitantes. Si bien la estrategia de Bukele ha logrado reducir los homicidios a mínimos históricos, el costo humano es objeto de un intenso escrutinio internacional:
- Mortalidad en prisión: La agrupación Socorro Jurídico denuncia que unos 500 presos han muerto bajo el régimen de excepción sin haber tenido un juicio, asegurando que el 94% de ellos no tenían vínculos con pandillas.
- Desapariciones forzadas: Human Rights Watch (HRW) señaló recientemente la «desaparición forzada» de migrantes deportados desde EE.UU., acusados de criminalidad sin pruebas concluyentes.
- Juicios Masivos: El sistema judicial ahora agrupa a los procesados por células criminales, y existe incertidumbre sobre si la cadena perpetua se aplicará de forma retroactiva a quienes ya están en estos macroprocesos.
«Pozos Humanos»: La advertencia de los expertos
Juristas y defensores de derechos humanos han reaccionado con alarma. La abogada penalista Roxana Cardona advirtió que las cárceles salvadoreñas se convertirán en «pozos humanos», afectando potencialmente a inocentes atrapados en el sistema de capturas masivas.
A nivel internacional, un grupo de juristas denunció ante la CIDH que las políticas de Bukele incluyen tortura, violencia sexual y persecución, calificándolas como crímenes de lesa humanidad. Pese a esto, el modelo salvadoreño sigue siendo observado con interés por diversos sectores políticos en Latinoamérica que buscan emular su efectividad contra el crimen organizado.
