La Moneda pisa el freno en medio de las estrecheces fiscales: el Ejecutivo decidió aplazar el traspaso de recursos destinados a las capacidades estratégicas de la Defensa Nacional. Una medida que, según Hacienda, es “temporal y responsable”, pero que dentro de las Fuerzas Armadas encendió las alarmas por su posible impacto en la modernización y operatividad del país.
Una decisión que tensiona la línea entre austeridad y seguridad nacional
En una jugada que mezcla prudencia fiscal con alto riesgo político, el Gobierno de Chile decidió nuevamente postergar parte del financiamiento de las Fuerzas Armadas.
El artículo 37 del proyecto de Ley de Presupuestos 2026, ingresado al Congreso el 31 de septiembre, autoriza al Fisco a diferir los aportes destinados al Fondo de Contingencia Estratégico, creado para enfrentar escenarios críticos como guerras, crisis internacionales o catástrofes.
Aunque Hacienda insiste en que “la operatividad militar no se verá afectada”, la medida golpea uno de los pilares financieros de la defensa nacional y revive un debate que ya se había abierto en los presupuestos de 2022, 2023 y 2024: ¿puede Chile mantener su nivel de seguridad sin comprometer recursos estratégicos?
El origen del conflicto: la Ley 21.174 y los fondos que blindaban a la Defensa
Promulgada en 2019, la Ley 21.174 reemplazó la antigua Ley Reservada del Cobre e instauró un sistema más transparente para financiar la defensa.
De ella nacieron dos grandes fondos:
- El Fondo Plurianual de Capacidades Estratégicas, que asegura inversiones en modernización y equipamiento militar, y
- El Fondo de Contingencia Estratégico, que permite reaccionar ante emergencias de seguridad o conflictos internacionales.
Ambos instrumentos buscaban dar estabilidad y previsión a largo plazo al presupuesto de Defensa. Pero la nueva postergación de recursos vuelve a poner en duda esa promesa.
Las cifras tras el recorte: más austeridad, menos músculo operativo
Para 2026, el Presupuesto del área Defensa alcanzará los 2.397 millones de dólares, apenas un 0,3% más que el año anterior. Sin embargo, dentro del gasto operativo —que incluye al Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea— los recursos caen un 0,1%, quedando en 1.738 millones de dólares.
Las cifras, aunque pequeñas, representan una señal política clara: el Ejecutivo prioriza el gasto social y la estabilidad fiscal por sobre la expansión militar. A esto se suma que el aporte basal estimado en 488 millones de dólares al Fondo Plurianual también quedará suspendido, como recomendó la Comisión Asesora para Reformas Estructurales al Gasto Público.
Esa decisión busca ahorrar hasta 6.600 millones de pesos anuales en intereses, pero genera inquietud entre exoficiales y analistas de defensa, que advierten una erosión progresiva de la capacidad disuasiva chilena.
Las reacciones: defensa en alerta y oposición al ataque
En el Congreso, la medida cayó como una bomba. La diputada de la Comisión de Defensa, Camila Flores, calificó la decisión como “un retroceso grave” y acusó al Gobierno de “debilitar la soberanía nacional en nombre del ajuste fiscal”.
Desde la oposición, varios parlamentarios anticipan un duro debate durante la tramitación presupuestaria, con amenazas de rechazar partidas si no se reponen los fondos.
En contraste, desde Hacienda y la Dirección de Presupuestos (Dipres), el ministro Nicolás Grau y la directora Javiera Martínez Fariña defendieron la medida, afirmando que “no se trata de un recorte, sino de una reprogramación responsable”.
Según el Ejecutivo, el ahorro global del presupuesto alcanzaría los 1,9 billones de pesos (0,6% del PIB), gracias a 34 recomendaciones de eficiencia que “no comprometen el desempeño ni las funciones esenciales de la Defensa”.
Una fuerza en tensión: operativos exigentes y fondos congelados
El aplazamiento llega en un momento particularmente complejo: las Fuerzas Armadas mantienen despliegues simultáneos en la Macrozona Sur bajo Estado de Excepción Constitucional, además de tareas en fronteras y zonas marítimas. A eso se suma la necesidad de renovar flotas aéreas, sistemas de armas y plataformas tecnológicas en un entorno regional donde otros países están fortaleciendo su capacidad militar.
Fuentes de Defensa consultadas advierten que la falta de continuidad en los aportes estratégicos podría traducirse en atrasos logísticos, cancelación de programas de adquisición y pérdida de poder disuasivo.
Lo que viene: el último pulso de Boric ante el Congreso
El Presupuesto 2026 será el último de la administración de Gabriel Boric, y podría transformarse en uno de los más controversiales.
Mientras el Ministerio de Defensa, encabezado por Adriana Delpiano, busca calmar las aguas asegurando que los compromisos estratégicos “se mantendrán por vías alternativas”, los expertos apuntan que el constante diferimiento de fondos puede minar la planificación militar a largo plazo.
El debate ya está instalado: ¿es esta una medida de eficiencia o una señal de vulnerabilidad?
Las próximas semanas en el Congreso dirán si el Gobierno logra mantener su equilibrio entre responsabilidad fiscal y seguridad nacional, o si las fuerzas políticas terminan por obligar a La Moneda a reponer lo que hoy decidió suspender.
