El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, defendió la reforma constitucional que traspasa Gendarmería al Ministerio de Seguridad y elimina los gremios al interior de la institución, argumentando que su carácter armado, jerarquizado y no deliberante hace incompatible la organización gremial con el nuevo rol de fuerza de orden.
En los pasillos del poder no se escuchan consignas ni pancartas, pero la tensión es evidente. Esta vez no se trata de una ley menor ni de un ajuste administrativo: el Gobierno ha decidido tocar el corazón institucional de Gendarmería de Chile, una de las entidades más complejas y sensibles del aparato estatal. El mensaje es claro y contundente: si Gendarmería será una fuerza de orden y seguridad, deberá comportarse como tal, incluso si eso implica poner fin a los gremios en su interior.
Así lo planteó el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, al referirse públicamente a la reforma constitucional que traspasa Gendarmería al nuevo Ministerio de Seguridad y que, como consecuencia directa, elimina la existencia de organizaciones gremiales dentro de la institución penitenciaria.
“Son decisiones difíciles, pero necesarias para el país”, dijo el ministro, en una frase que resume el espíritu de una iniciativa que ya genera debate político, resistencia interna y atención nacional.
Una definición de fondo: jerarquía, disciplina y no deliberación
El argumento del Ejecutivo se sostiene sobre una premisa estructural: las fuerzas de orden y seguridad del Estado no deliberan, no negocian y no se organizan gremialmente, porque su rol exige obediencia jerárquica, mando claro y funcionamiento disciplinado.
“Estamos hablando de instituciones armadas, jerarquizadas y no deliberantes. La existencia de gremios al interior es contradictoria con esa definición”, explicó Gajardo, marcando una línea conceptual que busca homologar a Gendarmería con Carabineros y la Policía de Investigaciones.
El cambio no es solo simbólico. Implica redefinir el rol de Gendarmería en el sistema de seguridad pública, especialmente en un contexto donde las cárceles han dejado de ser solo centros de reclusión para convertirse en espacios estratégicos del crimen organizado, con redes que operan dentro y fuera de los muros.
Cárceles bajo presión: el trasfondo de la reforma
La iniciativa surge en un escenario complejo: hacinamiento, aumento de delitos de alta peligrosidad, presencia de bandas transnacionales y una creciente violencia carcelaria. Para el Gobierno, fortalecer la custodia penitenciaria ya no es una opción, sino una urgencia.
“Queremos que Gendarmería tenga la entidad que hoy requiere el país”, señaló el ministro, apuntando directamente a la necesidad de elevar su estatus institucional y reforzar su capacidad operativa frente a amenazas que superan el modelo tradicional de administración penitenciaria.
El traspaso al Ministerio de Seguridad busca precisamente eso: integrar el sistema carcelario a la estrategia nacional contra el crimen, cerrando brechas de coordinación y fortaleciendo el control del Estado en uno de los puntos más frágiles de la seguridad pública.
Resistencia interna y respaldo político transversal
La propuesta no ha pasado inadvertida al interior de Gendarmería, donde sectores gremiales han manifestado su rechazo, advirtiendo pérdida de derechos laborales y espacios de representación. Sin embargo, desde el Ejecutivo aseguran que la discusión ya fue abordada con distintos actores políticos.
“Todas las fuerzas políticas coinciden en que esto es necesario”, afirmó Gajardo, quien se mostró confiado en que el proyecto tenga un trámite legislativo rápido, pese a lo sensible del debate.
El mensaje es directo: la seguridad del país está por sobre cualquier costo político, incluso si implica enfrentar resistencia institucional.
Otro frente abierto: el rechazo a beneficios penales amplios
En la misma intervención pública, el ministro fue enfático al marcar distancia de otro proyecto que hoy genera controversia: la iniciativa que busca regular el cumplimiento alternativo de penas privativas de libertad para personas mayores o con enfermedades graves.
Para Gajardo, el texto avanza en la dirección equivocada. “Va en contra de lo que la sociedad chilena necesita y anhela”, sostuvo, advirtiendo que su redacción permitiría beneficiar a condenados por crímenes gravísimos, incluidos delitos de lesa humanidad, delitos sexuales y violaciones.
“El proyecto es tan amplio que abre la puerta a beneficios que el país no está dispuesto a aceptar”, señaló, dejando clara la postura del Gobierno frente a cualquier intento de flexibilizar el cumplimiento de penas en delitos de alta connotación social.
Ojeda, soberanía y justicia internacional
El ministro también abordó un tema de alto impacto político y diplomático: la solicitud de la UDI para que los antecedentes del crimen de Ronald Ojeda sean enviados a tribunales en el extranjero, específicamente a Nueva York, donde se investigan causas vinculadas al régimen venezolano.
Gajardo fue cauto. Reconoció que se trata de una posibilidad que debe evaluarse jurídicamente, pero subrayó un principio clave: Chile no puede tolerar crímenes ejecutados por agentes o intereses de otro Estado en su territorio.
“La investigación ha avanzado en los autores materiales, pero también hay que llegar a los autores intelectuales”, sostuvo, reafirmando el respaldo del Ejecutivo al trabajo del Ministerio Público y dejando abierta la puerta a cooperación internacional, siempre dentro del marco legal.
Un punto de inflexión institucional
La reforma a Gendarmería no es solo un cambio administrativo. Es una señal política potente, un punto de inflexión sobre cómo el Estado chileno entiende hoy la seguridad, la disciplina institucional y el control del crimen.
El debate recién comienza, pero el mensaje del Gobierno ya está sobre la mesa: en tiempos de crisis de seguridad, las definiciones serán firmes, incluso cuando resulten incómodas.
Y esta vez, la discusión se libra donde pocas veces se mira: tras los muros de las cárceles.
