La montaña no olvida, y la justicia tampoco. A casi un año y medio de la fatídica marcha en las alturas de Putre que terminó con la vida del joven conscripto del Ejército Franco Vargas, el Ministerio Público finalmente fijó fecha y nombres: cinco uniformados —entre ellos un comandante, un capitán, dos tenientes y un enfermero militar— serán formalizados el próximo 3 de diciembre por los delitos de apremios ilegítimos, cuasidelito de homicidio y cuasidelito de lesiones.
La audiencia, que se desarrollará en el Juzgado de Garantía de Arica a las 08:30 horas, marcará un hito en una investigación que remeció al país, al Ejército y a las familias de los jóvenes que aquel 27 de abril de 2024 marcharon entre Putre y Pacollo sin saber que uno de ellos jamás volvería a casa.
Una marcha que se transformó en tragedia
La madrugada de ese día, los vientos altiplánicos se mezclaban con el eco de las órdenes. Franco Vargas, 19 años, formaba parte del contingente de conscriptos del Regimiento Motorizado N.º 24 “Huamachuco”. Había ingresado con el sueño de servir a su patria, pero en el trayecto de instrucción, a más de 4.000 metros de altura, su cuerpo dijo basta.
Tres desmayos, falta de atención médica inmediata y un protocolo que no llegó a tiempo sellaron su destino. Mientras otros 45 jóvenes cayeron enfermos, Franco fue el único que no regresó con vida. Su nombre se transformó en símbolo de abuso, silencio y dolor institucional.
Las imputaciones: los nombres detrás de la tragedia
La Fiscalía Regional de Arica, encabezada por Mario Carrera, decidió formalizar a quienes, según la investigación, tuvieron mando o intervención directa en esa marcha mortal:
- Comandante Claudio Guajardo Pinochet, por apremios ilegítimos y cuasidelito de homicidio.
- Capitán Michael Fritz, por apremios ilegítimos y cuasidelito de homicidio.
- Teniente Björn Wohllk, por apremios ilegítimos.
- Teniente Bastián Troncoso, por cuasidelito de lesiones.
- Enfermero militar Manuel Zambrano, por apremios ilegítimos, cuasidelito de homicidio y lesiones.
Todos serán formalizados en calidad de autores. En caso de ausentarse a la audiencia, el tribunal podría ordenar su detención inmediata y prisión preventiva.
El laberinto judicial que demoró la justicia
No fue una decisión rápida ni sencilla. Durante meses, el fiscal Carrera afinó la acusación, enfrentando querellas cruzadas, nuevas pericias y solicitudes de interrogatorios que alcanzaron incluso al comandante en jefe del Ejército, Javier Iturriaga.
El abogado Humberto Palamara Iribane, defensor del comandante Guajardo, presentó acciones judiciales que apuntaban a deslindar la responsabilidad hacia los altos mandos. “La Fiscalía corta el hilo por lo más delgado”, declaró, denunciando que la investigación no habría tocado a quienes autorizaron la marcha sin medidas preventivas, sin vacunación contra la influenza ni exámenes de hipobaria, pese a las duras condiciones del altiplano.
La madre que no se rinde
Para Romy Vargas, madre de Franco, cada día ha sido una marcha propia: una batalla contra el olvido. “Mi hijo quería servir a su país, no morir por negligencia”, repite
Recientemente reveló que uno de los imputados intentó contactarla. “No quiero hablar con ninguno de ellos. Lo único que espero es justicia. No vengan ahora con remordimientos cuando ya me arrebataron lo más importante de mi vida”, dijo a Radio Cooperativa.
Ella estará presente en la audiencia del 3 de diciembre. Sabe que ese día no solo se formalizarán a cinco hombres, sino también una herida abierta en la historia del Ejército chileno.
Las voces de la justicia y la defensa
El abogado de la familia Vargas, Sebastián Andrade, calificó la formalización como “un paso crucial hacia la verdad”.
“Estamos hablando de abusos cometidos por quienes tenían el deber de proteger. Los delitos de apremios ilegítimos, las lesiones y la muerte de Franco son consecuencia directa de un abuso de poder. Esperamos que se decrete la prisión preventiva de todos los imputados; es lo justo y proporcional a la gravedad de los hechos”, señaló.
Desde la otra vereda, la defensa de los oficiales mantiene su estrategia: alegan que las órdenes provinieron desde más arriba y que los mandos intermedios son ahora los chivos expiatorios de una estructura que se resiste a reconocer sus fallas.
Un eco que no se apaga
El “Caso Conscriptos” se ha transformado en un espejo incómodo para las Fuerzas Armadas.
Las investigaciones revelaron un patrón de maltratos, castigos y negligencias en la instrucción. Se supo, por ejemplo, que días antes de la tragedia, el teniente Wohllk habría castigado a tres jóvenes por “no cantar con suficiente fuerza el himno militar”.
La exhumación del cuerpo de Franco Vargas en julio de 2024, bajo el Protocolo de Minnesota, buscó despejar las dudas sobre su muerte y determinar la real responsabilidad de sus superiores.
El reloj judicial ya corre
El próximo 3 de diciembre podría marcar un antes y un después.
Cinco militares deberán responder ante la justicia por la muerte del conscripto que soñaba con ser parte del Ejército, no su víctima.
Mientras tanto, en el norte, el viento sigue soplando sobre las alturas de Putre.
Allí, entre el silencio del desierto y las sombras del uniforme, todavía resuena una pregunta que Chile no olvida: ¿Quién responde cuando la obediencia mata?
