La fundación Democracia Viva desató uno de los más grandes escándalos políticos nacionales del último tiempo, cuando en junio del año pasado se diera a conocer tres de los convenios firmados entre la seremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras, y la organización comandada por Daniel Andrade para desarrollar proyectos en la Región.
Ambos, se encuentran imputados por fraude al Fisco y, en paralelo a toda esta investigación, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una demanda que terminó, recientemente, en la cancelación y disolución de la personalidad jurídica de Democracia Viva.
¿QUÉ SIGNIFICA ESTO?
“En fallo unánime (causa rol 18.790-2023), la magistrada María Isabel Reyes Kokisch estableció que, en la especie, se cumplen los requisitos para acceder a la solicitud del CDE, al incurrir la fundación en infracciones graves a los estatutos de las instituciones sin fines de lucro”, indican en el sitio web del Poder Judicial.
Según consigna La Tercera, se logró acreditar que la fundación no cumplió con sus propios estatutos e “infringió el objeto social y patrimonial vinculado al Código Civil”.
En concreto, “no se aplicó el procedimiento de reemplazo de los miembros del directorio, las sesiones se realizaban con menos de los integrantes requeridos, las actas no contaban con todas las firmas y a veces, simplemente, no sesionaban”, señala el citado medio, de acuerdo con información proporcionada por el 17°Juzgado de Garantía de Santiago.
Por otra parte, se logró contactar que los convenios firmados por la seremi de Vivienda de Antofagasta, que llegaban a los $426 millones, “en nada dicen relación con su objeto social”.
Revisa aquí el fallo.
