La Comisión de Gobierno Interior comenzó el debate de un proyecto de ley que busca asegurar que el dinero utilizado para pagar fianzas provenga de fuentes legales.
Esta normativa, también se refiere a la necesidad de verificar el origen lícito de los fondos empleados para cubrir los honorarios de los abogados defensores en casos relacionados con la prisión preventiva. En simple, que se les pague con dinero limpio y no con fondos obtenidos de la venta de droga, por indicar un ejemplo.
Esta preocupación es especialmente relevante en casos de tráfico, contrabando y delitos relacionados con el crimen organizado, donde los bienes de los acusados suelen tener origen ilegal.
Con este enfoque, se espera que el sistema de justicia sea más riguroso en la prevención que el dinero proveniente de actividades ilícitas sea utilizado para evitar la prisión preventiva o para financiar la defensa legal de personas acusadas de delitos graves, algo que ha sido tema de análisis en algunos casos relevantes para la Región de Arica como lo es el Juicio de Los Gallegos o el Tren de Aragua.
Durante esta jornada en la Cámara baja también se analizó en la Comisión de Seguridad Ciudadana el resurgimiento del vandalismo hacia los cajeros automáticos y en la Comisión de Constitución, un nuevo sistema de nombramiento de jueces.
