Un escándalo de proporciones sacude al aparato estatal chileno. Más de 25 mil funcionarios del gobierno central fueron sorprendidos utilizando licencias médicas como pasaporte para viajes, descanso y actividades fuera de toda justificación sanitaria. El Ministerio de Hacienda confirmó el aumento explosivo de casos y ordenó a los servicios públicos acelerar los sumarios administrativos para determinar responsabilidades.
Una práctica que se volvió costumbre
Lo que comenzó como un informe rutinario de la Contraloría General de la República se transformó en una radiografía alarmante de irregularidades. Entre 2023 y 2024, decenas de instituciones estatales detectaron que miles de empleados —en su mayoría con cargos regionales— salieron del país, visitaron casinos o incluso atendieron partos mientras figuraban oficialmente “con licencia médica”.
Según el quinto balance entregado por la Dirección de Presupuestos (Dipres) al 15 de septiembre, la cifra asciende a 25.764 funcionarios involucrados en conductas que vulneran la normativa.
En el reporte anterior, fechado un mes antes, los casos llegaban a 16.435. En pocas semanas, el número se disparó en casi 10 mil nombres más.
Licencias con destino internacional
De acuerdo con el informe oficial, casi 7 mil funcionarios de servicios con presencia regional viajaron al extranjero mientras estaban con licencia, una situación que encendió todas las alertas en el Ministerio de Hacienda.
El 36% del total corresponde a salidas del país, mientras que otro 29% está compuesto por funcionarios regionales que realizaron viajes con su licencia activa.
La lista continúa:
- Un 23% de los casos corresponde a personas que asistieron a casinos de juegos durante sus licencias.
- Un 6% involucra a trabajadores con licencias emitidas por médicos investigados por el Ministerio Público.
- Otro 6% incluye a miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden en la misma situación.
- Incluso, un 1% se relaciona con funcionarios que participaron en partos mientras figuraban con licencia médica.
Millonario costo para el Estado
Las cifras no solo reflejan un problema ético, sino también un perjuicio económico colosal.
Según la Dipres, las remuneraciones pagadas a los funcionarios involucrados durante sus ausencias superan los $33.684 millones, con licencias de una duración promedio de 21,9 días.
Aún más preocupante: más de 21 mil de los implicados continúan actualmente en sus cargos, mientras que otros 4.650 ya dejaron las instituciones, aunque muchos siguen bajo proceso disciplinario.
Sumarios en marcha y un lento camino administrativo
Hasta ahora, 18.986 funcionarios enfrentan sumarios activos. Solo 1.042 casos cuentan con resolución, de los cuales 280 ya fueron cerrados con sanción o sobreseimiento. El resto se mantiene en un laberinto burocrático que, por ley, puede extenderse hasta 95 días hábiles considerando todas las etapas: investigación, descargos, rendición de pruebas e impugnaciones.
Desde Hacienda explican que la lentitud del proceso se debe, en parte, a la falta de fiscales con rango suficiente para instruir los sumarios, ya que el Estatuto Administrativo exige que tengan igual o mayor jerarquía que el funcionario acusado.
Un espejo incómodo del aparato público
El caso de las “licencias sin fronteras” dejó al descubierto una práctica arraigada en la cultura institucional: aprovechar los vacíos del sistema de control médico y la escasa coordinación entre servicios.
Para algunos analistas, este episodio pone sobre la mesa la urgencia de modernizar el Estado y fortalecer la fiscalización interna.
Mientras tanto, los organismos involucrados siguen entregando reportes y defensas, intentando deslindar responsabilidades, pero el golpe a la credibilidad del sector público ya está dado: miles de funcionarios cobraron por ausencias que, en muchos casos, disfrutaron desde un avión o una ruleta de casino.
Una cifra que duele
25.764 personas. Casi un pequeño ejército de empleados públicos que, bajo licencia, cruzaron fronteras, se fueron de vacaciones o simplemente desaparecieron del radar del Estado.
Un número que revela, más que un abuso, una fractura en la ética y el control institucional de Chile.
Y mientras los sumarios avanzan lentamente entre papeles, timbres y oficios, una pregunta queda flotando:¿cuántos otros aún siguen disfrutando su “descanso médico” con vista al mar?
