Un 16,9% de los programas públicos en Chile quedará sin presupuesto para 2026, según el reciente informe de la Dirección de Presupuestos (Dipres), en el marco de la formulación del erario fiscal del próximo año.
Esto se traduce en 28 programas que no recibirán financiamiento, de los cuales 22 corresponden a cierres definitivos y los 6 restantes se integran con otras iniciativas para optimizar recursos y generar eficiencia administrativa.
Los ministerios más afectados son el de Desarrollo Social y Familia, que concentra el 39,3% del total de programas sin financiamiento, y el Ministerio de Educación, con un 17,9%, reflejando el impacto crítico sobre las políticas sociales y educativas del país.
Otros ministerios con programas afectados incluyen Interior, Relaciones Exteriores, Seguridad Pública y Trabajo y Previsión Social, representando un 7,1% del total.
Entre los programas que sufrirán ajustes se encuentran iniciativas del Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis), del Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama) y del Instituto Antártico Chileno, mientras que los programas restantes serán fusionados con otras iniciativas para aprovechar sinergias y aumentar la eficiencia del gasto público.
La Dipres explicó que estas modificaciones no se limitan a los cierres. La reducción general de recursos refleja una racionalización del gasto público basada en evaluaciones de desempeño y evidencia, con los siguientes hallazgos:
- Un 25% de los programas verá una caída de al menos 31,7% en su presupuesto.
- En la mitad de los casos, los recursos se reducirán en al menos 10%.
- Solo un 25% de los programas experimentará un aumento superior al 7%.
Asimismo, los 157 programas con debilidades en su diseño o ejecución tendrán una reducción promedio del 15%, mientras que los 150 programas que muestran buen desempeño o carecen de antecedentes negativos recibirán un incremento promedio de 2% respecto a 2025.
El informe de la Dipres subraya que estas decisiones buscan priorizar la eficiencia, la efectividad y la sostenibilidad de los programas públicos, asegurando que los recursos se concentren en iniciativas con resultados comprobados.
Sin embargo, los ajustes generan un escenario complejo para los ministerios más comprometidos con la cobertura social y educativa, en especial Desarrollo Social y Educación, cuyas políticas impactan directamente a los sectores más vulnerables del país.
En definitiva, el reto del gobierno y del Congreso es garantizar que los recortes y cierres de programas no afecten la atención a las comunidades más necesitadas, mientras se mantiene un equilibrio entre eficiencia fiscal y cumplimiento de objetivos sociales y educativos.
