Una investigación liderada por la Fiscalía de Valparaíso permitió destapar una organización criminal dedicada al contrabando de cigarrillos desde Bolivia, la cual operaba con el apoyo de un funcionario del Servicio Nacional de Aduanas que recibía pagos millonarios para facilitar el ingreso de los cargamentos en control de Quillagua y El Loa.
Las diligencias comenzaron tras la incautación de miles de cajetillas de cigarrillos ilegales durante controles policiales realizados por Carabineros de la Quinta Zona en 2023. En ambas ocasiones fue detenida una mujer que transportaba la mercancía en una camioneta, lo que derivó posteriormente en una querella del Servicio Nacional de Aduanas.
Con el avance de la investigación, se descubrió un esquema de corrupción que permitía el paso de camiones cargados con cigarrillos de contrabando hacia la zona central del país.
COIMAS MILLONARIAS PARA EVITAR CONTROLES
De acuerdo con los antecedentes recopilados por la investigación, la organización pagaba entre $6 y $8 millones en efectivo por cada camión que lograba evadir los controles aduaneros en el norte del país.
Las cargas ingresaban principalmente por las avanzadas aduaneras de El Loa y Quillagua, desde donde los camiones continuaban su ruta hacia la zona central. El principal implicado dentro del servicio sería Roberto Patricio Olivares Andrade, funcionario administrativo de la Aduana de Iquique, conocido por la organización como “El Pelao”.
Según su propia declaración, coordinaba con integrantes de la banda el paso de los vehículos cargados con cigarrillos ilegales, recibiendo pagos que fluctuaban entre $1,5 y $3 millones por cada operación. El método utilizado consistía en simular fiscalizaciones o permitir el tránsito de los camiones sin revisar la carga, luego de establecer contacto previo con los operadores de la organización.
UNA RED CRIMINAL CON MILLONARIAS GANANCIAS
La investigación también reveló que el funcionario no habría actuado solo, ya que en su declaración mencionó que al menos otros ocho trabajadores de Aduanas podrían estar involucrados en el esquema de corrupción, situación que aún está siendo investigada.
La organización criminal operaba trasladando cargamentos desde Bolivia hacia el norte de Chile, adquiriendo grandes cantidades de cigarrillos ilegales en sectores cercanos al Cerro El Chuño. Posteriormente, los productos eran transportados en camiones hacia ciudades de la zona central, utilizando vehículos “punta de lanza” para alertar sobre controles policiales.
Según los antecedentes de la causa, la banda generó millonarias ganancias a través del comercio ilegal de cigarrillos, logrando adquirir bienes por más de $1.129 millones, entre ellos vehículos, camiones y propiedades. Para ocultar el origen del dinero, utilizaban empresas de fachada que permitían blanquear los recursos obtenidos por el contrabando, dando apariencia legal a las operaciones.
Actualmente, los principales involucrados permanecen en prisión en el Centro Penitenciario de Quillota, mientras la Fiscalía continúa las diligencias para determinar el alcance total de la red y posibles responsabilidades de otros funcionarios públicos.
