La Defensoría de la Niñez entre el 1 de julio de 2021 y el 30 de junio de 2022 recibió un total de 4.910 requerimientos de intervención, donde a nivel central fueron 3.376 y en regiones 1.534, cifra que fue revelada a través del informe anual que entregó la institución.
Es así como Patricia Muñoz, defensora de la Niñez, indicó que estas cifras se emanan del informa anual sobre derechos humanos de la niñez y adolescencia en Chile. En dicho documento, que dio seguimiento a temas tratados en años anteriores como la situación de niños, niñas y adolescentes (NNA) bajo el cuidado del Estado, puso su foco en nudos críticos que se están dando en la instalación de la nueva institucionalidad de la infancia.
Cabe señalar que el año 2018 que se creó la Defensoría de la Niñez, y Muñoz indicó que desde ese momento han desarrollado un proceso de instalación que no ha estado exento de dificultades, “partiendo por la falta de recursos para estar en cada una de las regiones del país. Ha sido un trabajo arduo, que ha logrado insertar un rol nuevo en el sistema de protección y que deberá seguir consolidándose con la nueva institucionalidad y el sistema de garantías”, explicó.
El organismo en el periodo señalado anteriormente realizó: 46 denuncias penales, 119 denuncias administrativas y presentó 83 medidas de protección ante Tribunales de Familia por vulneraciones a los derechos de los NNA. Además, interpuso 52 querellas por delitos de alta connotación pública y 11 amicus curiae (es un instrumento del Derecho procesal que permite a terceros ajenos ofrecer opiniones para su resolución).
Muñoz agregó que otra de las gestiones realizadas por el organismo fue el envío de 250 recomendaciones al Estado, “en términos de lo que nos parece más complejo, no acogido o no implementado, tiene que ver con la política integral en materia de migración, porque nosotros venimos a hace por lo menos dos años insistiendo en lo grave que resulta esta crisis humanitaria y la necesidad de abordarlo de manera distinta y también lo que tiene que ver con los espacios de vulneraciones bajo cuidado del Estado”, explicó.
En el informe la Defensoría de la Niñez recomienda “crear una comisión de verdad, justicia y reparación para quienes han sido víctimas directa e indirecta de las graves y sistemáticas violaciones de los derechos humanos en el contexto de su vinculación con el sistema proteccional”.
Por otra parte, el informe señala que el 3,2% de los NNA que están bajo el cuidado del Estado son de nacionalidad extranjera, siendo mayormente de nacionalidad boliviana, venezolanos, haitiana, colombiana y peruana.
Patricia Muñoz, manifestó a modo de evaluación de su gestión que “tengo muchas frustraciones y me voy a ir con la claridad de muchas cosas que no se pudieron hacer y me atribuyo directa y personalmente la responsabilidad de eso”. Y agregó, “pero sí creo que hay algo que logramos hacer, que es instalar los derechos de la niñez y la adolescencia como algo en el debate público de manera permanente y entender que no da lo mismo la forma en que se trata a la niñez y a la adolescencia. Más allá de que hubiese querido que los cambios fueran mucho más profundos”, expresó.
