Tras tres extensas jornadas de audiencia, la Fiscalía y la PDI lograron la formalización de 10 implicados, entre ellos un clan familiar y cinco funcionarios de la Dirección de Tránsito. La organización, que operaba desde 2022 y era investigada desde enero de este año, cobraba hasta un millón de pesos por evadir exámenes teóricos, prácticos y falsificar certificados de residencia.
Un lapidario golpe al corazón de la administración pública y la fe comunitaria se consolidó en la Región de Tarapacá. Luego de tres intensas jornadas judiciales en el Juzgado de Garantía de Alto Hospicio, la Fiscalía Local y la Policía de Investigaciones (PDI) lograron desmantelar y formalizar a una organización criminal jerarquizada, compuesta por funcionarios municipales y particulares, dedicada a la venta ilegal y fraudulenta de licencias de conducir.
De acuerdo con los antecedentes expuestos por el Ministerio Público, el millonario negocio ilícito captaba a clientes que pagaban altas sumas de dinero para esquivar las fiscalizaciones de tránsito y obtener documentos oficiales de manera irregular.
Tres extensas jornadas de formalización y graves cargos
El trabajo liderado por el fiscal jefe de Alto Hospicio, Guillermo Arriaza, en conjunto con la Fiscal Regional Virginia Aravena, culminó con la imputación de cargos altamente complejos en contra de los 10 detenidos en este megaoperativo. Los delitos imputados contemplan asociación criminal, cohecho, soborno, lavado de activos y diversas infracciones contenidas en la Ley de Tránsito, relativos a la obtención y falsificación de los permisos de conducción, específicamente bajo los artículos 190 y 192 de dicha normativa.
“Hoy concluimos tres jornadas extensas en el Tribunal de Garantía de Alto Hospicio, donde se llevó a cabo el control de detención, la formalización de cargos y también la discusión de medidas cautelares respecto a una investigación que iniciamos en el mes de enero del presente año y que daba cuenta de la existencia de una organización de personas, principalmente funcionarios del municipio de Alto Hospicio, del Departamento del Tránsito y de otras dependencias, que en conjunto con terceros habían organizado una asociación criminal destinada a la obtención de manera fraudulenta de licencias de conducir”, detalló el fiscal jefe Guillermo Arriaza tras el término de la última sesión judicial.
El persecutor penal también especificó que el control de detención se extendió desde el día viernes y fue declarado legal sin ningún tipo de inconvenientes, procediendo de inmediato a detallar las solicitudes de medidas cautelares atendiendo el rol de cada imputado, ya sea como funcionario municipal o civil.
El modus operandi de la banda y el secreto de la investigación
Las minuciosas indagatorias, ejecutadas por las brigadas Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado (Brianco) y de Lavado de Activos (Brilac) de la PDI, permitieron establecer que la red delictiva operaba de forma ininterrumpida desde el año 2022.
La agrupación civil estaba liderada por la imputada de iniciales N.X.V.A., quien articuló un negocio familiar junto a su cónyuge (C.F.Q.M.), su hija (F.X.Q.V.) y su hijo (S.M.Q.V.). Este clan familiar era el encargado de captar a los interesados y entregar los beneficios económicos y sobornos a los funcionarios públicos de la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Alto Hospicio, identificados como M.R.Q.L., R.R.P.O., W.A.V.G., F.A.E.R. y A.A.V.S.
A cambio del dinero, los empleados municipales facilitaban la tramitación interna, aprobaban los sistemas computacionales y otorgaban las licencias de conducir a personas que no cumplían con ninguno de los requisitos legales.
Sumado a lo anterior, la líder coordinaba de manera externa con la imputada I.B.F., trabajadora de una conocida escuela de conductores de Iquique, para proveer (previo pago) los certificados de aprobación de cursos de conducción, un documento que resulta indispensable y obligatorio por ley para la obtención de licencias profesionales.
De este modo, los beneficiarios finales obtenían sus licencias de conducir desembolsando sumas que oscilaban entre los $600 mil y un millón de pesos por todos los trámites, sin haber rendido jamás las pruebas teóricas o prácticas, utilizando certificados de residencia falsos y saltándose completamente los plazos estipulados por el proceso oficial.
Al ser consultado sobre el monto total defraudado y las utilidades netas generadas por la banda, el fiscal Arriaza aclaró que eso aún está en etapa de investigación, puesto que todavía no se tiene acceso a la totalidad de las cuentas. Debido a que quedan numerosas diligencias pendientes, la justicia decretó como reservada y secreta la investigación propiamente tal.
Sin embargo, las acciones financieras de persecución ya arrojaron sus primeros golpes: hasta el momento son más de 50 cuentas bancarias las que el Ministerio Público y la PDI han solicitado y obtenido su congelamiento para frenar el blanqueo de capitales.
Ocho implicados tras las rejas: Medidas cautelares y apelación
Atendida la gravedad de los hechos y el perjuicio a la seguridad vial del país, el tribunal decretó la prisión preventiva para ocho de los de diez imputados. Entre quienes ingresaron al complejo penitenciario se encuentra la líder de la banda (N.X.V.A.), todo su núcleo familiar directo y los funcionarios municipales M.R.Q.L. y W.A.V.G., tras considerarse que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad.
Respecto a los funcionarios A.A.V.S. y F.A.E.R., el magistrado también ordenó la privación de libertad, pero fijando una caución (fianza) económica al estimar únicamente la existencia de peligro de fuga. Por su parte, el empleado público R.R.P.O. fue sancionado con la cautelar de arresto domiciliario total.
Ante estas tres últimas determinaciones, la Fiscalía de Tarapacá presentó una apelación verbal en plena audiencia, por lo que la Corte de Apelaciones de Iquique será la encargada de resolver en los próximos días si estos tres funcionarios municipales también ingresan a prisión preventiva. Finalmente, la imputada perteneciente a la escuela de conductores iquiqueña quedó bajo la medida de arresto domiciliario total, tal como lo había requerido el Ministerio Público.
