Fue en abril de 2017, cuando Josephine, con 41 semanas de embarazo, llegó al Hospital San Borja para dar a luz a su hija. Allí la atendió el médico identificado como Matías Ignacio Solari Díaz, quien le administró un fármaco y comenzó a inducir el parto. Eso sí, sin tomar en cuenta el historial médico de la paciente, que sugería posibles complicaciones, ni el bajo ritmo cardíaco de la bebé.
Es más, la mujer rogó por una cesárea, pero se le negó. El fallo judicial indica que pasaron más de seis horas en que no recibió atención médica y que 16 horas luego de su llegada al recinto hospitalario fue sometida a un procedimiento.
La Tercera publicó que, la pequeña que nació tras minutos de asfixia y a través del uso de fórceps, pasó tres meses internada con 13 patologías diagnosticadas.
Actualmente la niña, que “sufre un daño cerebral de extrema gravedad”, se encuentra postrada, es ciega, sorda y dependerá de oxígeno de por vida. La causa, establecida por la justicia, fue una “encefalopatía hipóxica-isquémica grado III”.
Debido a esto, el 26°Juzagado Civil de Santiago falló a favor de la menor, actualmente de siete años, y de su madre, por lo que ordenó al Servicio de Salud Metropolitano Central, al Hospital San Borja, al médico Solari a la matrona a pagar en total $1.042.691.340. La sanción es la segunda más alta dictada por un tribunal chileno.
El abogado de la causa, Héctor Musso, comentó que el monto “ayudará a sobrellevar los tratamientos que de por vida necesitará la pequeña” y representa un “reproche directo y crudo de la violencia obstétrica” sufrida por su representada y muchas mujeres en el país.
